Crisis en viviendas sociales: ¿Qué revela la deuda millonaria y cómo reaccionan los actores políticos?: Un desafío que expone fisuras profundas en el sistema habitacional chileno

La crisis que estalló en septiembre de 2025 en el sistema de viviendas sociales ha dejado al desnudo un entramado de problemas que van más allá de la simple falta de recursos. El Ministerio de Vivienda reconoció una deuda que supera los US$ 1.000 millones, incapaz de cubrir compromisos con constructoras y beneficiarios, lo que ha generado una conmoción política y social que, a estas alturas, no ha encontrado soluciones claras ni consensuadas.

El origen y la evolución de la crisis

A fines de septiembre de 2025, la filtración de documentos y correos internos reveló que el Minvu no disponía de los recursos necesarios para cumplir con los compromisos de entrega de viviendas sociales, situación confirmada por múltiples medios y fuentes oficiales. Esta revelación provocó la rápida reacción de los principales candidatos presidenciales, quienes se vieron forzados a posicionarse ante una problemática que afecta a miles de familias en espera de una vivienda digna.

Voces enfrentadas en el escenario político

“Esto es gravísimo y debe ser investigado a fondo”, sentenció Evelyn Matthei, candidata de ChileVamos, a través de su cuenta en X, enfatizando que “no se puede jugar con el sueño de la casa propia de las familias más humildes; es inaceptable”. Para ella, la responsabilidad recae en el gobierno actual, al que exigió transparencia y respuestas contundentes.

Por su parte, Marco Enríquez-Ominami, candidato independiente, no solo confirmó la magnitud de la deuda sino que propuso una visión alternativa: “En nuestro gobierno, la vivienda será sector estratégico: financiamiento estable, planificación a 2030 y Estado inversor. Así construiremos 750.000 viviendas y terminaremos el déficit el 2030”. Su discurso apunta a una solución estructural, que trasciende la coyuntura y plantea un Estado más activo y comprometido.

Más allá de los discursos: el impacto regional y social

La crisis no es homogénea. En regiones, donde el déficit habitacional es más agudo, las consecuencias se sienten con mayor crudeza. Organizaciones sociales y municipios han denunciado demoras, paralización de obras y un aumento en la precariedad habitacional. Desde el mundo académico y expertos en políticas públicas, se advierte que la crisis refleja “una falla estructural en la planificación y financiamiento de la política habitacional”, que se ha ido acumulando durante años sin respuestas efectivas.

Contradicciones y desafíos por delante

Mientras algunos sectores políticos responsabilizan al gobierno actual, otros apuntan a la herencia de políticas públicas fragmentadas y a la falta de continuidad en los planes de vivienda. El debate se ha polarizado entre quienes exigen investigaciones y sanciones, y quienes proponen reformas profundas al sistema.

La ciudadanía, por su parte, observa con escepticismo cómo las promesas electorales se enfrentan a realidades que parecen inamovibles. La ansiedad y frustración crecen en un contexto donde la vivienda digna sigue siendo un anhelo lejano para muchos.

Constataciones finales

Esta crisis ha dejado en evidencia varias verdades irrefutables: primero, que el sistema de viviendas sociales chileno está profundamente debilitado y requiere una reestructuración urgente; segundo, que la deuda millonaria no es solo un problema financiero, sino un síntoma de fallas políticas y administrativas; y tercero, que las soluciones parciales y discursos electorales no bastan para resolver un problema que afecta la calidad de vida de miles de familias.

El desafío que enfrenta Chile en materia habitacional es, por tanto, una tragedia colectiva que convoca a la responsabilidad compartida entre Estado, partidos políticos y sociedad civil. La pregunta que queda en el aire es si, más allá de las palabras, habrá voluntad y capacidad para transformar esta crisis en una oportunidad para construir un sistema más justo y sostenible.