El Supremo de EE.UU. respalda la política de pasaportes que excluye a personas trans: una fractura en la justicia estadounidense

Un pulso en la Corte Suprema

El 7 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una orden que permite al gobierno de Donald Trump exigir que los pasaportes reflejen únicamente el sexo asignado al nacer, suspendiendo temporalmente la opción de marcar género conforme a la identidad de las personas trans, intersex y no binarias. Esta decisión, adoptada por una mayoría conservadora de seis jueces contra tres liberales, ha abierto una grieta palpable en la justicia estadounidense y avivado el debate sobre los derechos civiles en el país más poderoso del mundo.

"Mostrar el sexo de nacimiento en los pasaportes no viola los principios de igualdad ante la ley más de lo que lo haría mostrar el país de nacimiento", señaló el Supremo en su breve explicación. Sin embargo, esta postura ha sido duramente cuestionada por las juezas liberales Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, quienes denunciaron que la medida "daña a los más vulnerables" y perpetúa una discriminación institucionalizada.

Contexto y evolución del conflicto

Desde 1992, el Departamento de Estado permitía que el sexo en los pasaportes pudiera diferir del asignado al nacer, siempre que se presentaran informes médicos. En 2021, bajo la administración de Joe Biden, se amplió esta posibilidad, permitiendo elegir entre masculino, femenino o X sin necesidad de documentación médica, un avance celebrado por activistas LGTBIQ+.

Pero con el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, esta política fue revertida mediante una orden ejecutiva que establecía el binarismo como política oficial, calificando la identidad de género como una "afirmación falsa" y eliminando referencias a la autodeterminación de género en documentos oficiales.

La orden ejecutiva fue cuestionada judicialmente, y en abril y junio de 2025, tribunales inferiores bloquearon su aplicación por considerarla discriminatoria y contraria a la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Supremo, con mayoría conservadora, ha levantado esas medidas cautelares, permitiendo que la política de Trump siga vigente mientras se resuelven los procesos legales.

Perspectivas enfrentadas

Desde el sector conservador, se argumenta que la política busca preservar la "verdad biológica" y evitar confusiones legales o diplomáticas. Para ellos, el sexo asignado al nacer es un dato objetivo y fundamental para documentos oficiales.

Por el contrario, activistas y organizaciones de derechos humanos denuncian que esta medida "invita a un escrutinio adicional, a veces humillante, y expone a las personas trans a acoso y violencia". Cathryn Oakley, de Human Rights Campaign, ha señalado que la política tiene un único propósito: "discriminar y hacer la vida más difícil a personas trans, intersex y no binarias".

En Chile y otras latitudes, la decisión estadounidense ha sido observada con atención, pues representa un retroceso en derechos que muchos países están intentando garantizar. Expertos señalan que esta medida podría influir en debates legales y sociales en la región, donde la lucha por el reconocimiento de la identidad de género sigue siendo desigual.

Conclusiones y consecuencias visibles

La orden del Supremo no solo afecta la documentación oficial sino que simboliza un choque entre dos visiones del mundo: una que prioriza definiciones biológicas rígidas y otra que defiende la autonomía y dignidad de las identidades de género diversas.

Este episodio evidencia la politización creciente del sistema judicial estadounidense y cómo las decisiones del alto tribunal pueden tener impactos profundos y duraderos en grupos vulnerables.

La fractura interna del Tribunal, con una minoría liberal que denuncia daños y exclusión, pone en evidencia que la justicia no es un ente monolítico, sino un campo de batalla donde se dirimen las ideas sobre derechos, identidad y sociedad.

Para la comunidad trans, esta decisión significa un retroceso tangible, con consecuencias prácticas en su vida diaria, como la posibilidad de enfrentar discriminación en fronteras y aeropuertos, y un mensaje simbólico de negación y exclusión.

Finalmente, esta historia no concluye aquí: el caso sigue en tribunales inferiores y la presión social y política continúa, mostrando que la lucha por los derechos humanos sigue siendo un terreno de confrontación y disputa, donde cada fallo judicial es mucho más que una sentencia, es un reflejo de las tensiones sociales y culturales que marcan nuestra época.