Trump crea grupo antiterrorista contra la "izquierda radical": un giro que redefine la lucha política en EE.UU.

Un nuevo capítulo en la polarización estadounidense se abrió el 25 de septiembre de 2025, cuando el expresidente Donald Trump firmó un memorando que instituyó un grupo operativo federal para combatir lo que denominó la "izquierda radical". Esta acción, lejos de ser un episodio aislado, marca un punto de inflexión en la forma en que el gobierno federal aborda la violencia política y la seguridad interna.

La creación de este grupo operativo "contra el terrorismo doméstico y la violencia organizada" se dirige explícitamente contra organizaciones como Antifa, a las que Trump acusa de "intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia". Sin embargo, expertos y analistas destacan que Antifa no es una organización formal ni estructurada, lo que complejiza la persecución legal y política de sus integrantes.

Desde la perspectiva del exmandatario y sus seguidores, esta medida responde a una "oleada de violencia política" que incluye incidentes como el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk y ataques a instalaciones federales. Pam Bondi, fiscal general designada por Trump, respaldó la iniciativa señalando que se busca perseguir a "cualquier grupo organizado" que amenace la seguridad pública.

Por otro lado, críticos y sectores progresistas denuncian que esta estrategia puede convertirse en una herramienta para reprimir movimientos sociales y disidentes, especialmente cuando se vincula a organizaciones sin estructura formal con actos terroristas. El análisis de académicos en derechos civiles advierte sobre el riesgo de criminalizar la protesta política legítima bajo la etiqueta de "terrorismo doméstico".

La medida se complementa con la orden de revivir la pena de muerte en Washington DC, abolida en 1981, para casos que cumplan con ciertos criterios. Esta política se enmarca en la toma federal del control de la policía metropolitana de la capital, que desde agosto despliega a miles de agentes y miembros de la Guardia Nacional. Para el gobierno de Trump, estas acciones son una respuesta necesaria al "crimen sin control"; para sus opositores, una escalada autoritaria que busca imponer un control férreo sobre la seguridad ciudadana.

Regionalmente, esta estrategia ha generado preocupación en ciudades como Chicago y Los Ángeles, donde la administración federal ha intentado replicar medidas similares, enfrentando resistencia de autoridades locales y comunidades afectadas.

En resumen, esta iniciativa representa un fenómeno complejo donde convergen la seguridad, la política y los derechos civiles. La creación del grupo antiterrorista y la reinstauración de la pena capital evidencian un cambio de paradigma en la lucha contra la violencia política en EE.UU., con implicancias profundas para la democracia y la convivencia social.

La discusión sigue abierta: mientras algunos celebran una respuesta firme a la inseguridad, otros alertan sobre el uso político de las herramientas de seguridad para acallar voces disidentes y restringir libertades fundamentales. La verdad, por ahora, es que Estados Unidos enfrenta un desafío que trasciende la simple contención de la violencia y que pone en tensión los límites del Estado de derecho y la pluralidad política.