
Un terremoto en la industria farmacéutica global se desató el 1 de octubre de 2025, cuando Estados Unidos implementó un arancel del 100% a la importación de productos farmacéuticos de marca o patentados, una medida anunciada por Donald Trump a finales de septiembre con el objetivo declarado de incentivar la producción nacional y reducir la dependencia externa en sectores estratégicos. Desde esa fecha, la medida ha generado un choque frontal entre intereses económicos, sociales y políticos que aún reverbera en distintos ámbitos.
"A partir del 1 de octubre de 2025, aplicaremos un arancel del 100 por ciento a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta farmacéutica en Estados Unidos", afirmó Trump en su plataforma Truth Social, precisando que la construcción debía haber comenzado para evitar el arancel. La intención declarada fue clara: proteger la industria nacional y asegurar la soberanía sanitaria en un contexto global marcado por la pandemia y la volatilidad de las cadenas de suministro.
Desde el sector industrial estadounidense, la medida fue recibida con una mezcla de esperanza y cautela. Grandes fabricantes como Pfizer y Johnson & Johnson han acelerado inversiones en plantas locales, pero alertan que los plazos y costos podrían encarecer la innovación y retrasar lanzamientos.
En contraste, la comunidad médica y grupos de consumidores expresan preocupación por el aumento de precios y la posible escasez de medicamentos. "Un arancel del 100% es una barrera artificial que podría limitar el acceso a tratamientos esenciales para millones de pacientes", advierte la Asociación Médica Americana.
En el plano internacional, la medida ha tensado las relaciones comerciales con socios clave, incluyendo a la Unión Europea y países asiáticos, que ven en esta política un proteccionismo agresivo que podría desencadenar represalias.
Para Chile, que importa una parte significativa de medicamentos desde Estados Unidos y terceros países, el arancel ha significado un aumento en los costos y una presión sobre el sistema de salud pública. Las farmacias y hospitales reportan dificultades para mantener stock y precios estables, mientras que el gobierno evalúa alternativas para mitigar el efecto en los usuarios.
Desde una mirada regional, expertos en comercio internacional señalan que la medida estadounidense podría incentivar una reconfiguración en las cadenas de suministro, con un posible aumento de producción local en América Latina, pero también un riesgo de fragmentación y aumento de costos.
A dos meses de la implementación, algunas certezas comienzan a consolidarse:
- El arancel ha impulsado inversiones en infraestructura farmacéutica dentro de Estados Unidos, aunque con desafíos logísticos y financieros significativos.
- Los precios de medicamentos patentados han subido en mercados afectados, generando presión social y política.
- El proteccionismo ha tensado relaciones comerciales y puesto en alerta a organismos multilaterales como la OMC.
- En Chile y la región, la medida ha encendido alarmas sobre la vulnerabilidad de la dependencia externa en sectores estratégicos de salud.
Este episodio, lejos de ser un simple ajuste arancelario, exhibe un choque profundo entre modelos económicos, derechos sociales y estrategias nacionales, que obliga a repensar el equilibrio entre soberanía productiva y acceso universal a la salud. La tragedia de unos —pacientes afectados por alzas y desabastecimientos— y la esperanza de otros —fabricantes locales en crecimiento— se entrelazan en un escenario que seguirá evolucionando con consecuencias globales y locales.
Fuentes: La Tercera (25/09/2025), Asociación Médica Americana, análisis de comercio internacional de CEPAL.
2025-11-12
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