Crisis migratoria en Chile: un choque de discursos y realidades que persiste más allá de la campaña

La crisis migratoria en Chile, que se intensificó en la agenda pública durante los últimos meses, sigue siendo un campo de batalla discursivo y político que revela profundas tensiones sociales y estructurales. Desde septiembre de 2025, el intercambio entre José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, y Jeannette Jara, representante del Partido Comunista y apoyada por la DC, ha marcado la pauta del debate público.

Kast ha centrado su crítica en la gestión y propuestas de Jara respecto a la regularización de inmigrantes irregulares, acusándola de prometer un empadronamiento masivo que podría alcanzar a cientos de miles de personas, lo que a su juicio, comprometería la seguridad y la estabilidad social. "Hace dos semanas, la candidata del gobierno me trató de mentiroso por decir que ella había comprometido regularizar a 200 mil inmigrantes. Hoy no solo lo confirma, sino que promete seguir empadronando para luego regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales más", señaló Kast en sus redes sociales.

Por su parte, Jara ha defendido un enfoque que considera necesario para ordenar la situación migratoria actual, enfatizando que la regularización debe estar condicionada a criterios como la ausencia de antecedentes penales, la contribución laboral y tributaria. "Primero, en Chile ya está en curso un programa de empadronamiento desde el 2023. Van cerca de 200 mil personas empadronadas y ese es como paso previo para poder regularizar a los que no tienen antecedentes penales, a los que están trabajando, a los que pagan sus impuestos, a ellos", explicó en una entrevista matutina.

Este intercambio no solo refleja una pugna electoral, sino que pone en evidencia un problema de fondo: la dificultad del Estado para gestionar un fenómeno migratorio creciente y complejo, que afecta a distintas regiones con impactos sociales y económicos diferenciados. El empadronamiento y la regularización no son solo medidas administrativas, sino que también se han convertido en símbolos de posturas políticas y sociales contrapuestas.

Desde una perspectiva regional, las zonas fronterizas y metropolitana han experimentado un aumento considerable en la llegada de migrantes, lo que ha tensionado servicios públicos, vivienda y seguridad. Organizaciones sociales y ONGs han alertado sobre la vulnerabilidad de estas personas, mientras que sectores ciudadanos expresan preocupación por la falta de control y la percepción de inseguridad.

El enfoque de Kast enfatiza la necesidad de un control migratorio estricto y la expulsión de quienes tengan antecedentes penales, vinculando la migración irregular con la delincuencia, una postura que ha encontrado respaldo en parte del electorado preocupado por la seguridad. Sin embargo, críticos advierten que esta visión puede estigmatizar a migrantes y simplificar un fenómeno multifacético.

En contraste, Jara plantea que la solución pasa por reconocer la realidad migratoria y avanzar en procesos ordenados que permitan la integración y el respeto a los derechos humanos, aunque reconoce la necesidad de medidas rigurosas contra quienes cometen delitos. Su llamado a empadronar y regularizar no es un acto de apertura indiscriminada, sino un intento de ordenar "la casa", en sus palabras.

Este debate se enmarca en un contexto donde Chile ha recibido en los últimos años a más de 300 mil migrantes irregulares, según datos del INE, y donde la falta de políticas claras y coordinadas ha dejado espacios de incertidumbre y conflicto.

Las voces ciudadanas reflejan esta disonancia: mientras algunos sectores demandan mayor control y seguridad, otros reclaman políticas inclusivas y respeto a los derechos fundamentales. Esta tensión se traduce en un desafío para cualquier gobierno que asuma la responsabilidad de abordar la crisis migratoria con eficacia y justicia.

En conclusión, la crisis migratoria en Chile no es solo una cuestión de cifras o discursos electorales, sino un fenómeno que desnuda las fragilidades institucionales y sociales del país. Las verdades que emergen son claras: el Estado debe mejorar sus sistemas de registro y control, garantizar la seguridad sin vulnerar derechos y construir políticas que integren a los migrantes en la sociedad chilena. La política, en tanto, debe alejarse del simplismo y la polarización para enfrentar esta tragedia humana con profundidad y responsabilidad.

Este escenario, lejos de cerrarse con las campañas presidenciales, seguirá siendo un coliseo donde se enfrentan intereses, miedos y esperanzas, y donde la ciudadanía observa expectante, consciente de que las decisiones que se tomen hoy tendrán consecuencias visibles en el Chile de mañana.

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Fuentes: La Tercera, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entrevistas a expertos en migración y análisis de organizaciones sociales.