Violencia armada en la Región Metropolitana: una cadena de balaceras que revela grietas sociales y desafíos institucionales
Un hombre acribillado en Cerro Navia, otro en Conchalí, un intento de robo fatal en Estación Central, un ataque en la estación de Metro Cumming y un homicidio en un velorio en Estación Central configuran un inquietante mosaico de violencia armada que ha sacudido a la Región Metropolitana en las últimas semanas.
El 5 de noviembre, un hombre de 35 años murió tras recibir al menos ocho disparos en plena vía pública en Cerro Navia. Dos sujetos lo abordaron y dispararon a corta distancia, según la Fiscalía y la PDI, que aún investigan las circunstancias y el armamento utilizado. La víctima tenía antecedentes, aunque no está claro si estaba vinculado al narcotráfico.
El 4 de noviembre, en Conchalí, un locatario de 50 años fue asesinado afuera de su local por un grupo desconocido. El ataque, que dejó múltiples impactos balísticos en el tórax, es investigado como posible ajuste de cuentas. La víctima tenía antecedentes policiales, pero sin causas vigentes.
El 25 de octubre, un hombre haitiano de 49 años falleció tras resistirse al robo de su vehículo en Estación Central. Los asaltantes le dispararon en el abdomen y huyeron. A pesar de la rápida respuesta familiar y médica, la víctima no sobrevivió. Las autoridades aún buscan a los responsables.
El 9 de octubre, un hombre peruano fue baleado con cinco disparos por un atacante en bicicleta en la estación Cumming del Metro de Santiago. Recibió tres impactos y fue trasladado fuera de riesgo vital. El agresor permanece prófugo y la estación estuvo cerrada temporalmente para la investigación policial.
El 25 de septiembre, un hombre de 36 años que asistía a un velorio en Estación Central fue acribillado por uno de los asistentes tras una discusión. Recibió cinco disparos y falleció en un centro asistencial. La PDI investiga el móvil y las circunstancias del hecho.
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Múltiples miradas en un escenario complejo
Desde el poder político, el gobierno ha reconocido la gravedad del incremento de la violencia armada en la capital y ha anunciado reforzamientos en las policías y nuevas medidas de control de armas ilegales. Sin embargo, voces opositoras critican la falta de políticas integrales que aborden las causas estructurales, como la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades en las comunas afectadas.
"No basta con perseguir el delito; es fundamental intervenir en los territorios con programas sociales y prevención", advierte la diputada María Fernández (Partido Progresista).
Por su parte, representantes de Carabineros y la PDI destacan los avances en investigaciones, aunque admiten que la circulación de armas y la violencia entre bandas dificultan la tarea policial.
El comisario Juan Serené, de la Brigada de Homicidios, señala que "hay evidencia balística abundante, pero identificar a los autores es un desafío porque operan con alta movilidad y sofisticación".
En las comunidades afectadas, el miedo y la indignación conviven con la resignación. Habitantes de Cerro Navia y Conchalí relatan cómo la violencia se ha normalizado en sus barrios, mientras demandan mayor presencia estatal y garantías de seguridad.
"Nos duele perder vecinos así, pero también sentimos que nadie nos escucha hasta que pasa lo peor", comenta una vecina de Conchalí.
Verdades y consecuencias
Este ciclo de violencia armada no es un fenómeno aislado ni reciente, sino la manifestación visible de problemas sociales enquistados y de un sistema de seguridad pública que enfrenta límites claros. La multiplicidad de víctimas y escenarios —desde robos hasta conflictos personales y ajustes de cuentas— muestra que el problema es multifacético.
En este contexto, la respuesta policial y judicial, aunque activa, se ve desbordada por la complejidad de los hechos y la proliferación de armas ilegales. Además, la fragmentación de las narrativas en medios y redes sociales alimenta la polarización, dificultando el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas.
Como conclusión, es imprescindible que las autoridades y la sociedad chilena reconozcan que la violencia armada en la Región Metropolitana es un síntoma de crisis social y política que requiere un abordaje integral, que combine justicia, prevención, políticas sociales y participación comunitaria.
Solo así se podrá aspirar a romper el ciclo de tragedias que, día tras día, ensombrecen a la capital y sus habitantes.