Oposición limita fondos para expresidentes y pone en jaque la pensión vitalicia de Boric: un pulso político que trasciende la contabilidad

El martes 28 de octubre de 2025 marcó un antes y un después en la relación entre el Congreso y los expresidentes de Chile, cuando la Comisión Mixta de Presupuesto, dominada por la oposición, rechazó las asignaciones destinadas a gastos de oficina, personal y traslados para los expresidentes, incluyendo al actual mandatario Gabriel Boric, que asumirá este beneficio a partir de marzo de 2026. Esta decisión, que implica un recorte cercano a los $10,3 millones mensuales, puso en jaque un sistema que desde principios del siglo ha garantizado estos recursos, aunque sin afectar las dietas personales que ascienden a unos $7,3 millones brutos y que están protegidas por la Ley 19.672.

El episodio se desarrolló como una partida de ajedrez político, con maniobras tácticas y sorpresas inesperadas. La oposición, encabezada por figuras como el diputado Felipe Donoso (UDI) y el senador Javier Macaya (UDI), presentó indicaciones para prohibir estos pagos, argumentando que no debían alterarse las dietas permanentes pero sí eliminarse las asignaciones. La jugada fue inicialmente bloqueada por la mesa del Senado, pero un empate en la votación de inadmisibilidad y la posterior votación separada de las asignaciones lograron romper el empate y dejar sin financiamiento a estos gastos.

En el oficialismo, la noticia cayó como un balde de agua fría. El ministro Nicolás Grau expresó sorpresa y preocupación por la falta de coordinación interna que permitió este resultado, mientras que varios parlamentarios oficialistas admitieron no haber comprendido a tiempo la magnitud del rechazo. La votación definitiva se postergó para la Cámara de Diputados, donde el gobierno enfrentará un escenario complejo, con legisladores propios cuestionando los fondos y una oposición firme en mantener el recorte.

Desde la perspectiva política, la controversia no se reduce a un ajuste presupuestario. Para sectores opositores, esta medida es un llamado a la austeridad y a la revisión de privilegios que consideran anacrónicos en un país que enfrenta múltiples desafíos sociales y económicos. José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, fue enfático: "El Presidente Boric debe renunciar a estas asignaciones vitalicias". Por otro lado, voces oficialistas y algunos expertos en derecho público advierten que este tipo de recortes puede erosionar la institucionalidad y la dignidad de la investidura presidencial, además de abrir un debate sobre la estabilidad jurídica de los beneficios otorgados a exmandatarios.

Regionalmente, el impacto es desigual. En Santiago, epicentro político y mediático, el debate ha generado fuertes discusiones en medios y redes sociales. En regiones, sin embargo, la noticia ha sido recibida con menor resonancia, aunque algunos sectores sociales ven con simpatía la idea de revisar gastos que consideran excesivos en tiempos de crisis.

Desde un análisis histórico, este pulso recuerda episodios similares en la política chilena donde la austeridad y la reivindicación ciudadana chocaron con prerrogativas establecidas. La diferencia ahora radica en que el debate se da en un contexto de creciente desconfianza hacia las élites y una ciudadanía más exigente con la transparencia y el uso de recursos públicos.

Finalmente, la situación deja varias certezas. Primero, que el gobierno de Boric deberá maniobrar con cuidado para intentar revertir o negociar estos recortes en la Cámara, tarea que no será sencilla dada la fragmentación interna y la firme oposición. Segundo, que la discusión sobre las pensiones y asignaciones de expresidentes ha quedado instalada en la agenda pública, con un debate que trasciende lo meramente económico para tocar fibras éticas y políticas profundas.

En conclusión, este episodio es más que una disputa por cifras: es un reflejo de las tensiones entre tradición y renovación, entre privilegios históricos y demandas ciudadanas, y un desafío para el sistema político chileno en su conjunto para encontrar equilibrios que resistan la prueba del tiempo.

Fuentes consultadas incluyen informes de La Tercera, declaraciones oficiales del Ministerio de Hacienda y análisis legislativos de la Comisión Mixta de Presupuesto.