Licencias médicas en Chile: la caída que revela más que un escándalo

Un escándalo que sacudió la confianza pública ha dejado una marca profunda en las cifras de licencias médicas en Chile. En agosto de 2025, se registraron 561.540 licencias médicas electrónicas emitidas, lo que representa una caída interanual del 23%, la más pronunciada desde que la Contraloría General de la República (CGR) reveló en mayo un fraude masivo: más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero durante sus licencias, incumpliendo las normas.

Este episodio no solo expuso un abuso sistemático, sino que detonó una ola de fiscalizaciones y controles que han modificado el mapa de las licencias médicas en el país. En lo que va de 2025, se han emitido 4.894.501 licencias, un 11% menos que en igual periodo del año anterior. La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) atribuye esta baja a la combinación del impacto del escándalo y al bloqueo preventivo de 456 profesionales de la salud sospechosos de emitir permisos fraudulentos.

En el centro de este conflicto se encuentran varios actores en pugna, cada uno defendiendo su visión y responsabilidad. Desde el sector público, la Contraloría ha desplegado una inédita fiscalización que no solo revisa el uso de licencias, sino que también monitorea la recuperación de pagos indebidos a más de 700 entidades públicas. 'El proceso busca asegurar que los recursos públicos sean usados con responsabilidad y que exista sanción para quienes abusan del sistema', señala un portavoz del organismo.

En contraste, el mundo médico y social advierte que la presión para reducir licencias podría afectar derechos legítimos. La directora de Estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud, Carolina Velasco, explica que 'aumentar el riesgo de ser pillados y las consecuencias ha cambiado comportamientos, pero la clave es mantener fiscalizaciones permanentes para no dañar a quienes realmente las necesitan.'

En el sector privado, las isapres han reportado una caída aún más pronunciada (-18,3%) en la emisión de licencias, mientras que Fonasa muestra una baja menor (-8,9%). Este contraste abre el debate sobre la equidad y la necesidad de un marco regulatorio unificado, como propone el proyecto de ley que busca equiparar condiciones entre ambos sistemas.

La economista Soledad Hormazábal advierte que aún queda terreno para mejorar: 'Sabemos que el fraude también existe en el sector privado y no ha sido abordado completamente. Además, el proyecto de ley que introduce topes y carencias podría contener mejor el gasto, pero lamentablemente no tiene urgencia en el Congreso.'

La fiscalización de la Contraloría no se limita a la emisión de licencias, sino que también examina la recuperación de pagos indebidos y la implementación de controles tecnológicos y administrativos, como se evidenció en la inspección al complejo fronterizo de Colchane, donde se revisaron sistemas de control migratorio vinculados a licencias médicas.

En este escenario, las tensiones entre la necesidad de control y la garantía del derecho a la salud se despliegan en un verdadero coliseo de actores: funcionarios públicos, profesionales de la salud, organismos reguladores, aseguradoras y ciudadanos afectados.

Las licencias por trastornos mentales concentran más del 32% del total emitido, y aunque todas las categorías han registrado disminuciones, las enfermedades infecciosas han mostrado un leve aumento. Esto invita a reflexionar sobre las prioridades sanitarias y la gestión de recursos en un contexto de creciente demanda por salud mental.

Al cierre de este análisis, queda claro que la caída de las licencias médicas en Chile es mucho más que una cifra: es el reflejo de un sistema tensionado entre fraude, fiscalización y derechos sociales. La urgencia de reformas profundas y sostenibles se impone, pero también la necesidad de un diálogo abierto y plural que reconozca las múltiples dimensiones del problema.

La verdad que emerge es que sin controles efectivos y sin políticas que equilibren justicia y protección, el sistema seguirá siendo vulnerable a abusos y a la desconfianza ciudadana. La consecuencia tangible es una transformación en curso, que redefine el uso y la percepción de las licencias médicas en Chile, y que marcará el rumbo de la salud pública y laboral en los años venideros.