Contraloría confirma más de 10 mil funcionarios públicos que abusaron de licencias médicas: ¿qué sigue para el Estado?
En un nuevo capítulo de una crisis que ya suma decenas de miles de casos, la Contraloría General de la República confirmó que al menos 10.805 funcionarios públicos regionales hicieron un uso irregular de licencias médicas entre 2023 y 2024, viajando fuera del país mientras estaban en reposo. Esta cifra se suma a los 25 mil casos previos, elevando a más de 35 mil los funcionarios investigados por este abuso.
El fenómeno no es menor: se trata de 15.257 licencias médicas con posible mal uso, de las cuales un 76% corresponden a Fonasa y un 24% a Isapres. Los servicios más afectados son los de salud, con un 67% de los casos, seguidos por educación pública, municipalidades y otros organismos.
Desde la Contraloría, la contralora Dorothy Pérez ha ordenado notificar a las instituciones involucradas para que se inicien los procesos disciplinarios y se remitan las resoluciones en un plazo acotado, buscando cerrar un capítulo que ha desgastado la confianza en la gestión pública.
Sin embargo, la respuesta política ha sido un campo de batalla en sí mismo. El senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Salud del Senado, lanzó un duro diagnóstico: “Pasamos del abandono a los perdonazos. Cuando la Contraloría reveló 25 mil casos no se entendió que a esta fecha sólo se han iniciado 8 mil sumarios y 50 destituciones”. Flores cuestiona la lentitud y la falta de rigor del gobierno, señalando que la magnitud del daño económico podría alcanzar cerca de la mitad de los US$ 3 mil millones que costaron las 8 millones de licencias médicas emitidas.
Por otro lado, el diputado Miguel Becker (RN) valoró la labor de la Contraloría y anunció que la comisión investigadora por licencias médicas incorporará este nuevo informe para un análisis exhaustivo, con la intención de que “no se le perdone a nadie esta grave falta”.
Desde el Partido Radical, el diputado Tomás Lagomarsino enfatizó la necesidad de continuar con sumarios, denuncias y restitución de recursos, advirtiendo que el proyecto de ley del Ejecutivo sobre subsidios de incapacidad laboral “retrocede en materia de protección para quienes hacen buen uso de las licencias” y debe ser repensado.
En la vereda del oficialismo, la diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano) apuntó que “Dorothy Pérez sigue haciendo la pega, mostrando los abusos de una verdadera casta burocrática, pero el gobierno no mueve un dedo”, llamando a una mayor sintonía con la Contraloría y a una acción más decidida.
En paralelo, la Contraloría inició una fiscalización que abarca a 733 instituciones públicas —entre servicios de salud, educación, municipalidades y otros— para recuperar fondos desviados y examinar el reintegro que deben hacer los funcionarios cuyos permisos fueron rechazados. Este proceso se extenderá por cerca de tres meses y busca cerrar las brechas en la gestión y control.
Este caso desnuda tensiones profundas entre la burocracia y el Estado, la necesidad de fortalecer los controles y la fiscalización, y el desafío político de actuar con rapidez y transparencia para restaurar la confianza ciudadana.
En definitiva, la historia de las licencias médicas fraudulentas no es sólo un problema administrativo o judicial, sino un espejo de las debilidades del sistema público chileno y un llamado urgente a reformar mecanismos, sanciones y cultura institucional. La pregunta que queda en el aire es si el Estado logrará superar la dispersión de responsabilidades y la lentitud procesal para hacer valer la ley sin caer en la simplificación o la impunidad.
Fuentes: Contraloría General de la República, declaraciones de legisladores en La Tercera y Cooperativa.cl.