Corte de Apelaciones confirma sanción a Sartor y despeja el camino para mayor fiscalización financiera: Un fallo que redefine responsabilidades y riesgos en la gestión de fondos mutuos

El reciente fallo de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictado el pasado 12 de noviembre, rechazó el recurso de reclamación presentado por Sartor AGF contra la sanción impuesta por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que revocó la autorización de existencia de la administradora y ordenó su liquidación. Este desenlace judicial no solo confirma la medida adoptada por el regulador, sino que también subraya las graves deficiencias y riesgos detectados en la gestión de fondos mutuos que estaban bajo la responsabilidad de Sartor.

Desde el inicio del proceso, la CMF identificó una preocupante falta de análisis de riesgo mínimo, especialmente en cuanto a la liquidez de los instrumentos subyacentes en las carteras administradas. Además, se constató una gestión inadecuada del riesgo crediticio y de las provisiones asociadas, factores que pusieron en peligro los recursos de los inversionistas. Pero quizás lo más polémico fue la revelación de un modelo de negocio marcado por claros conflictos de interés: los fondos mutuos y de inversión públicos administrados por Sartor estaban invertidos en fondos privados que, a su vez, se financiaban mayoritariamente con instrumentos de deuda no registrados emitidos por personas vinculadas a los directores o accionistas mayoritarios de la propia administradora.

Esta situación, según el fallo judicial, no solo vulneró la normativa vigente, sino que también comprometió el principio fundamental de velar por el mejor interés de los aportantes. En palabras de los ministros Alejandro Rivera, Sandra Lorena Araya y Manuel Domingo Luna, la sanción aplicada por la CMF fue "necesaria" y de "última ratio", diseñada para evitar consecuencias más graves y urgentes.

Por otro lado, la Corte abordó la controversia sobre la tramitación del procedimiento sancionatorio, señalando que la CMF actuó conforme a las atribuciones legales establecidas en la Ley 21.000, adoptando medidas preventivas y correctivas sin necesidad de un procedimiento formal previo. Esto reafirma la potestad del regulador para actuar con rapidez en defensa de los inversionistas y la estabilidad financiera.

Este fallo ha generado diversas reacciones en el mundo financiero y político. Desde el sector regulador se celebra la confirmación judicial como un triunfo en la lucha contra malas prácticas y riesgos sistémicos. Sin embargo, representantes de la industria privada advierten sobre la necesidad de mayor claridad en los procesos sancionatorios y de evitar medidas que puedan generar incertidumbre en el mercado.

En regiones, la decisión también ha sido observada con atención por los pequeños inversionistas, que ven en este caso un precedente para exigir mayor transparencia y responsabilidad en la administración de sus recursos.

En definitiva, este episodio pone en evidencia la tensión entre la protección de los inversionistas, la autonomía de las administradoras de fondos y el rol activo de los reguladores. Como señala el fallo, "la sanción es una medida necesaria para resguardar el interés público y la estabilidad financiera", pero también plantea preguntas sobre la supervisión previa y la prevención de conflictos de interés.

La confirmación de la sanción a Sartor AGF no solo cierra una etapa judicial, sino que abre un nuevo capítulo en la regulación del mercado financiero chileno, donde la vigilancia, la ética y la transparencia deberán ser pilares fundamentales para evitar tragedias futuras en la administración de fondos que afectan a miles de ciudadanos.