Protestas en Ecuador y ataque a Noboa: un choque entre resistencia indígena y firmeza presidencial
Ecuador ha vivido un octubre y noviembre marcados por un conflicto que ya parece un choque de titanes: la resistencia de las comunidades indígenas frente a la férrea determinación del presidente Daniel Noboa.
Desde mediados de septiembre, la eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio en más de un 50%, detonó un paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La medida, que el gobierno justifica como necesaria para redirigir recursos a sectores vulnerables y combatir redes criminales, ha sido percibida en las comunidades como un golpe directo a su sustento y modo de vida.
Durante 31 días, las movilizaciones bloquearon carreteras y generaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de al menos un muerto, cientos de heridos y decenas de detenidos. La provincia de Imbabura, epicentro de las protestas, se convirtió en un escenario de violencia creciente, con ataques a destacamentos policiales y enfrentamientos que el gobierno calificó de actos terroristas.
El 7 de octubre, la crisis alcanzó un punto crítico cuando la caravana presidencial fue atacada en la provincia de Cañar mientras Noboa se dirigía a un acto público. Manifestantes lanzaron piedras y, según el gobierno, hubo daños por disparos en los vehículos oficiales. Cinco personas fueron detenidas bajo cargos de terrorismo e intento de asesinato, aunque expertos independientes y la propia Conaie cuestionaron la versión oficial, señalando que no se ha probado el uso de armas de fuego por parte de los manifestantes.
"El Gobierno de Daniel Noboa ha convertido nuestras comunidades en zonas de guerra", denunció la Conaie, que también reportó una "brutal acción policial y militar" durante la llegada del presidente a El Tambo, donde se registraron detenciones arbitrarias y uso indiscriminado de gases lacrimógenos.
Por su parte, Noboa afirmó que "unos pocos vándalos" no lo amedrentarán y reafirmó su compromiso con la eliminación del subsidio, declarando que prefiere "morir" antes que dar marcha atrás. Su discurso ha sido de firmeza y centralización, apuntando a consolidar un proyecto de reestructuración constitucional a través de un referéndum para convocar una Asamblea Constituyente, previsto para el 16 de noviembre.
La consulta popular aparece como la próxima batalla política, con un respaldo mayoritario en las encuestas, pero también con un escepticismo significativo sobre si una nueva Constitución resolverá los problemas estructurales del país.
El paro terminó oficialmente el 24 de octubre sin que se lograran acuerdos sustanciales con el Ejecutivo. La Conaie denunció violaciones a los derechos humanos y fragmentación interna, mientras que el gobierno mantiene su narrativa de lucha contra el crimen organizado y corrupción en sectores como la minería ilegal.
Este episodio refleja una tensión profunda entre un Estado que busca avanzar en reformas estructurales y una sociedad que reclama reconocimiento, justicia y participación real en las decisiones que afectan sus vidas.
Diversas perspectivas se enfrentan sin ceder terreno:
- Desde el gobierno, se sostiene que la eliminación del subsidio es un paso necesario para sanear finanzas públicas y combatir mafias que se benefician del contrabando y la minería ilegal. La respuesta a las protestas ha sido una política de mano dura, con despliegues militares y judicialización de líderes sociales.
- La Conaie y sectores indígenas ven estas medidas como un atropello que afecta a los más vulnerables y un intento de silenciar la protesta mediante represión y criminalización. Para ellos, la lucha es también cultural y política, en defensa de sus derechos ancestrales y territorios.
- Analistas políticos destacan la paradoja de un presidente joven y con una imagen relativamente favorable que, sin embargo, enfrenta un descontento social que no logra canalizar ni resolver. La crisis evidencia la fragilidad de las instituciones y la complejidad de las demandas populares en Ecuador.
- Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han alertado sobre el uso excesivo de la fuerza y la necesidad de garantizar el derecho a la protesta pacífica, mientras que sectores conservadores respaldan la estrategia gubernamental para restaurar el orden.
En conclusión, la crisis social en Ecuador que estalló con la eliminación del subsidio al diésel y se intensificó con el ataque a la caravana presidencial, deja lecciones claras:
- La imposición de medidas económicas sin diálogo ni consenso puede generar resistencias profundas y prolongadas.
- La criminalización de la protesta y la represión pueden agravar conflictos y erosionar la legitimidad del Estado.
- La búsqueda de estabilidad política mediante reformas constitucionales debe considerar la inclusión y reconocimiento de las voces sociales, especialmente las de los pueblos originarios.
El episodio no solo ha marcado un hito en la gestión de Daniel Noboa, sino que ha puesto en evidencia la persistencia de desigualdades, tensiones y desafíos que Ecuador deberá enfrentar más allá del ciclo electoral y mediático. La historia está en curso, y la próxima Asamblea Constituyente será un escenario decisivo para intentar dar respuesta a estas contradicciones profundas.
Fuentes consultadas incluyen reportes de Cooperativa.cl, El País América, BBC News Mundo, La Tercera y análisis de consultoras políticas y organizaciones de derechos humanos.