
El frío extremo y la soledad del continente blanco fueron testigos de un crimen que ha marcado un antes y un después en la historia judicial chilena. En febrero de 2019, Jorge Gallardo Cerda, biólogo chileno, violó a una colega científica francesa en un campamento base ubicado en la Península Byers, en la Antártica chilena. Este delito, el primero de esta naturaleza registrado en el territorio antártico bajo soberanía chilena, ha generado una serie de debates y reflexiones que trascienden la mera sentencia penal.
Tras años de investigación y un juicio oral que comenzó en septiembre de 2025 en Punta Arenas, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal condenó a Gallardo Cerda a 300 días de presidio efectivo. Una pena que, aunque reconoce la gravedad del delito, se vio atenuada por la aplicación de la llamada "media prescripción", una figura legal que reduce la sanción debido al tiempo transcurrido desde el hecho y la fecha de la denuncia, realizada recién en 2023.
"Este veredicto demuestra que no importa el tiempo transcurrido ni la dificultad para conseguir pruebas en un territorio tan apartado como la Antártica", señaló el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, destacando la valentía de la víctima para denunciar a pesar del aislamiento y las secuelas psicológicas sufridas.
La sentencia ha abierto un debate público y académico sobre la justicia en territorios remotos y la adecuada sanción para delitos sexuales. Para organizaciones feministas y especialistas en derechos humanos, la pena es insuficiente y refleja una brecha entre la gravedad del crimen y la respuesta judicial.
"La aplicación de la media prescripción, en casos de violencia sexual, puede revictimizar y enviar un mensaje equivocado sobre la tolerancia social a estos delitos", advierte Paula Reyes, activista y abogada en derechos de la mujer.
Por otro lado, expertos en derecho penal destacan la complejidad probatoria y la necesidad de respetar las garantías procesales, especialmente en contextos donde la evidencia es limitada y las circunstancias del lugar dificultan la investigación.
Este caso no solo revela la vulnerabilidad de las personas en espacios aislados y extremos, sino que también pone en evidencia la necesidad de fortalecer protocolos de prevención y respuesta en expediciones científicas y territorios de soberanía nacional.
Tras el sismo de magnitud 7,8 en octubre de 2025 en la Antártica, que generó alerta de tsunami —luego descartada por el SHOA—, la región ha estado bajo un escrutinio mayor, tanto por desastres naturales como por su creciente importancia estratégica y científica.
Además, el caso ha impulsado un debate sobre la soberanía chilena en la Antártica y cómo se ejerce la autoridad judicial y administrativa en un territorio con características únicas.
Lo que comenzó como un hecho trágico y silenciado durante años, hoy se convierte en un punto de inflexión para la justicia y la sociedad chilena. La condena de Jorge Gallardo Cerda, aunque limitada en duración, representa un reconocimiento judicial sin precedentes en la Antártica chilena.
Sin embargo, la historia no termina en la sentencia. Queda la tarea pendiente de garantizar que la protección de las personas, especialmente las mujeres, sea efectiva en todos los rincones del país, incluso en los más inhóspitos.
Este caso expone las tensiones entre la justicia, la geografía y la cultura, y nos invita a reflexionar sobre cómo construir un sistema que no solo castigue, sino que prevenga y acompañe a las víctimas.
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Fuentes: Cooperativa.cl, La Tercera, Fiscalía de Magallanes y la Antártica Chilena, declaraciones públicas del Ministerio Público y expertos en derechos humanos.