Perú endurece su lucha contra el crimen: cadena perpetua para delitos graves: Un debate que expone grietas en la política y la justicia peruana
En un giro contundente frente a la escalada de violencia y criminalidad organizada, Perú promulgó el 23 de septiembre de 2025 una ley que introduce la cadena perpetua para quienes cometan delitos graves como secuestro, extorsión, sicariato y homicidio calificado bajo la figura de "criminalidad sistemática". Esta norma, aprobada en medio de una creciente presión ciudadana, busca castigar con máxima severidad actos que generan "zozobra o terror en la población o una parte de ella".
El origen de esta legislación se remonta a una serie de proyectos presentados desde 2024, que tras múltiples debates y modificaciones desembocaron en la Ley N° 32446, publicada oficialmente en el diario El Peruano con las firmas de la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Eduardo Arana.
El artículo modificado del Código Penal incluye el uso de armas de fuego, explosivos u otros medios similares para tipificar el nuevo delito, buscando un instrumento legal para enfrentar el embate del crimen organizado, que ha golpeado duramente a distintos sectores del país.
Sin embargo, la norma no ha estado exenta de controversia. Desde la izquierda, la congresista Ruth Luque calificó la ley como un claro "populismo penal", denunciando su redacción ambigua y la inclusión de términos como "otros de similar característica", que podrían abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias y abusos en su aplicación. Por su parte, la ex fiscal general Gladys Echaíz criticó la falta de ampliación en los plazos de detención para investigaciones, señalando que las 48 horas actuales son insuficientes para casos complejos y proponiendo extenderlas a 15 días.
"Esta ley sí aporta, porque tipifica un delito que no existía en el Código Penal", defendió el ultraconservador Diego Bazán, enfatizando la necesidad de medidas contundentes contra los criminales. Por otro lado, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz, destacó que el dictamen fue producto de la convergencia de 17 proyectos de diversas bancadas, reflejando un esfuerzo multipartidista aunque con posiciones divididas.
La sociedad peruana, por su parte, se encuentra en una encrucijada. Mientras un sector demanda mano dura y respuestas firmes ante la inseguridad, otro alerta sobre los riesgos de una justicia que podría perder equilibrio y garantías fundamentales en nombre de la eficacia.
Desde la promulgación, se han registrado debates públicos y académicos que cuestionan la efectividad real de la cadena perpetua en la reducción de la criminalidad, apuntando a la necesidad de políticas integrales que incluyan prevención, rehabilitación y fortalecimiento institucional.
En definitiva, esta ley representa un momento definitorio en la política criminal peruana, donde se enfrentan la urgencia por seguridad y el respeto a los derechos humanos. Las consecuencias a mediano plazo dependerán de cómo se implemente la norma, la capacidad de las instituciones y la vigilancia ciudadana para evitar excesos.
Así, el escenario peruano expone una tragedia contemporánea: la tensión entre la demanda social de justicia inmediata y la complejidad de construir un sistema penal justo y efectivo. El coliseo está abierto, y los actores principales —políticos, jueces, sociedad civil y criminales— juegan sus papeles bajo la mirada expectante de un país que busca equilibrio en medio del caos.