El debate migratorio en Chile: rechazo frontal a la regularización y tensiones en el sector agrícola

Un choque de voluntades y discursos ha marcado el debate migratorio en Chile durante los últimos meses, con un foco particular en la regularización de migrantes en el sector agrícola. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, abrió la controversia al señalar que el país carece de la fuerza laboral necesaria para sostener el campo y propuso la regularización de migrantes para cubrir esa demanda.El 23 de septiembre de 2025, Walker afirmó en Radio Pauta que "el desplazamiento a otro país para trabajar es una tendencia global" y que el sector agrícola genera alrededor de un millón de empleos directos y 500 mil indirectos. Sin embargo, esta postura encontró un rechazo inmediato y vehemente por parte de figuras opositoras de peso, como los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Johannes Kaiser.Ambos descartaron cualquier posibilidad de premiar la inmigración ilegal con regularizaciones masivas.

José Antonio Kast sostuvo que "Chile no resiste más improvisaciones en materia migratoria" y que el sistema de visas laborales debe ser revisado pero sin abrir la puerta a regularizaciones masivas. Por su parte, Johannes Kaiser fue aún más duro, señalando que "la gente que ha entrado ilegalmente a Chile se va a ir legalmente de Chile" y advirtió que cualquier intento de la SNA de cambiar esto implicaría asumir los costos sociales, que según él, no están dispuestos a socializar."Si la Sociedad Nacional de Agricultura pretende cambiar esto, entonces tienen que hacerse cargo de los costos sociales también, porque aquí lo que están proponiendo es privatizar beneficios y socializar costos", afirmó Kaiser.

En contraste, desde sectores más centristas y pragmáticos, como el comando de Evelyn Matthei, se matizó la discusión. La senadora Ximena Rincón reconoció que la migración es fundamental para el campo, ya que existen labores que "nuestros conciudadanos no quieren hacer".Esta visión plantea un reconocimiento tácito de la necesidad migratoria, aunque sin respaldar la regularización masiva.

Este enfrentamiento discursivo expone una tensión profunda entre la necesidad económica y la política migratoria, que no solo divide a la clase política, sino que también refleja las preocupaciones de distintos sectores sociales y regionales. Por un lado, el sector agrícola reclama mano de obra ante la escasez y el envejecimiento de la población rural; por otro, la derecha política y parte de la opinión pública rechazan la regularización como una forma de incentivar la inmigración ilegal y aumentar la presión sobre los servicios públicos.

Desde septiembre hasta hoy, no ha habido avances legislativos concretos que modifiquen el actual sistema migratorio, pero la discusión ha influido en la agenda pública y electoral, polarizando aún más el debate.

Las consecuencias de esta disputa son palpables: la ausencia de una política migratoria clara y consensuada genera incertidumbre en el sector agrícola, dificulta la planificación de recursos humanos y alimenta narrativas de crisis social y seguridad entre ciertos sectores ciudadanos.

En definitiva, el episodio revela que el debate migratorio en Chile sigue siendo un terreno de choque donde convergen intereses económicos, ideologías políticas y preocupaciones sociales, sin una solución definitiva a la vista. La tensión entre la necesidad de trabajadores para el campo y el rechazo a la regularización masiva configura un dilema que el país deberá enfrentar con mayor profundidad y diálogo en el futuro próximo.