Crisis de seguridad en Concepción: un problema de 15 años que sigue sin solución clara

En el corazón de Concepción, una vieja casona ubicada en la esquina de Bulnes con Prat ha sido escenario de una tragedia anunciada. Durante 15 años, un local nocturno ha funcionado de manera clandestina, pese a reiteradas órdenes de clausura emitidas desde 2010. La situación alcanzó un punto crítico el pasado fin de semana, cuando un joven perdió la vida tras un disparo dentro de este espacio que, en la práctica, opera como una disco clandestina.

El municipio de Concepción, a través de su administrador Boris Negrete, ha puesto en evidencia la impotencia institucional frente a este fenómeno. “El local está clausurado y no cuenta con patente de alcoholes, pero no tenemos herramientas para clausurar efectivamente ni para ingresar a fiscalizar cuando se realizan eventos clandestinos”, explicó Negrete. La administración local ha señalado que la responsabilidad recae en la Delegación Presidencial, instancia del Gobierno central encargada de la seguridad regional.

Por su parte, la Delegación Presidencial ha optado por el silencio, delegando la voz a la Seremi de Seguridad, Paulina Stuardo, quien afirmó que no ha recibido solicitudes para coordinar con Carabineros la clausura definitiva del local. Esta falta de coordinación entre niveles de gobierno refleja una falla estructural en la gestión de la seguridad pública en la región.

Vecinos de la zona han denunciado reiterados incidentes vinculados a la actividad del local, que van desde ruidos molestos hasta hechos delictuales, pero la imposibilidad de intervenir ha perpetuado el problema. La familia del joven asesinado, oriunda de Chiguayante, enfrenta hoy el dolor de una pérdida que podría haberse evitado con una acción oportuna de las autoridades.

En el ámbito judicial, la Policía de Investigaciones (PDI) continúa con las diligencias para esclarecer los hechos, recolectando imágenes de cámaras de seguridad de talleres mecánicos cercanos, aunque la reticencia de testigos por miedo dificulta la investigación.

El dueño mayoritario del inmueble, la inmobiliaria ORECAL Limitada, ha evitado responder a los llamados para esclarecer su responsabilidad en el funcionamiento ilegal del local.

Este caso no solo desnuda la crisis de seguridad en Concepción, sino que pone en evidencia un entramado complejo donde la falta de herramientas legales, la ausencia de coordinación interinstitucional y la desidia gubernamental convergen para dejar a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad.

Desde una perspectiva política, las voces se dividen. Algunos sectores apuntan a la necesidad de fortalecer las facultades municipales para intervenir con mayor contundencia en estos casos. Otros, en cambio, destacan que la seguridad es una responsabilidad del Estado y que corresponde al Gobierno central proveer los recursos y la coordinación necesaria para enfrentar el crimen organizado y las actividades clandestinas.

“Una querella municipal no resolverá la muerte de un joven ni la inseguridad que vivimos a diario”, señaló Negrete, enfatizando la frustración ante la inacción.

Este episodio es una muestra palpable de que la crisis de seguridad en Chile no es solo un problema de cifras o estadísticas, sino una tragedia humana con rostros y nombres. La demora en respuestas efectivas ha costado vidas y sigue erosionando la confianza ciudadana.

La verdad irrefutable es que, tras 15 años de funcionamiento clandestino y múltiples advertencias, el local seguía abierto, y un joven pagó con su vida esa omisión. La consecuencia inmediata es el luto de una familia, pero en el horizonte se vislumbran preguntas incómodas: ¿quién responde por esta falla? ¿qué reformas legales y administrativas son urgentes para evitar que se repitan tragedias similares? ¿cómo se puede articular un sistema de seguridad que no deje espacios para la impunidad?

La historia de este local en Concepción es un espejo de la crisis de seguridad que atraviesa Chile: un desafío urgente que requiere voluntad política, coordinación efectiva y un compromiso real con la protección de la ciudadanía.