Prisión preventiva para médico acusado de emitir 27 mil licencias falsas: un fraude millonario al Estado chileno
El escándalo que estremeció la confianza en el sistema de salud pública chileno ha alcanzado un nuevo capítulo con la prisión preventiva del médico Leonardo Alfredo González Castro, formalizado por la emisión de 27.727 licencias médicas falsas entre 2021 y 2025. Esta práctica ilícita generó un daño económico al Estado estimado en $13.265 millones, según la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
El modus operandi y la magnitud del fraude
La investigación surgió tras una denuncia de la Contraloría General de la República, que detectó incongruencias en licencias médicas otorgadas a funcionarios públicos que, en algunos casos, se desplazaban fuera del país o participaban en actividades incompatibles con su supuesto reposo. La Fiscalía detalló que González ofrecía licencias a través de internet y otros canales, cobrando por ellas y facilitando el acceso fraudulento a beneficios estatales.
Cristóbal Salazar, fiscal a cargo, afirmó: "Es el mayor gran emisor a nivel nacional, y el círculo delictivo incluye emisión fraudulenta, fraude de subvenciones y lavado de activos".
Perspectivas encontradas: desde la seguridad social hasta la responsabilidad individual
El caso ha abierto un debate intenso entre diferentes actores sociales y políticos. Por un lado, organizaciones de defensa de la salud pública denuncian la vulnerabilidad del sistema ante este tipo de fraudes y exigen reformas profundas en los mecanismos de control y fiscalización.
Una representante de la Asociación de Funcionarios Públicos señaló: "Este caso desnuda la fragilidad de las instituciones que deben proteger los recursos de todos".
En contraste, sectores más conservadores advierten sobre la responsabilidad individual del médico y la necesidad de sanciones ejemplares para evitar la impunidad. Algunos abogados penalistas destacan la complejidad de probar el lavado de activos en estos casos y la importancia de respetar el debido proceso.
Impacto regional y social
El fraude no solo afecta las arcas públicas, sino también la percepción ciudadana sobre la legitimidad de los beneficios sociales. En regiones donde la precariedad laboral es alta, la confianza en la licencia médica como derecho fundamental se ve erosionada.
Desde la Región Metropolitana, un dirigente sindical comentó: "La gente que realmente necesita reposo se siente doblemente afectada por estos hechos".
Constataciones y consecuencias
La prisión preventiva dictada por la magistrada Soledad Orellana apunta a contener un riesgo real de fuga y peligro para la seguridad social. El congelamiento de las cuentas bancarias y el análisis de dispositivos electrónicos forman parte de una investigación que tendrá un plazo de 100 días.
Este caso deja en evidencia no solo la sofisticación del fraude, sino también las grietas en la supervisión estatal. La complejidad del entramado delictual, que incluye emisión fraudulenta, fraude de subvenciones y lavado de activos, desafía a las instituciones a responder con eficacia y transparencia.
En última instancia, la historia de González Castro es un llamado a la reflexión sobre el equilibrio entre confianza y control en un sistema de salud pública que busca ser universal y justo, pero que se ve amenazado por quienes lo usan para beneficio personal a costa del bien común.