La Seguridad en Chile en 2025: Un Debate que No se Resuelve: Entre Mano Dura e Inmigración Ilegal

En septiembre de 2025, los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Evelyn Matthei sacudieron el escenario político con propuestas contundentes para enfrentar la crisis de seguridad que golpea a Chile. Ambos presentaron planes que prometían mano dura, aumento de efectivos policiales y cambios legales profundos, pero cinco meses después, el debate persiste con una intensidad que revela más grietas que consensos.

Origen y evolución de la controversia

El 22 de septiembre, Kast anunció su plan "Chilenos primero", que incluye tipificar la inmigración ilegal como delito y endurecer sanciones, además de prohibir prestaciones sociales a extranjeros en situación irregular. Su propuesta, que también contempla la expulsión de delincuentes extranjeros y la eliminación de privilegios, encendió alarmas en sectores de derechos humanos y organizaciones sociales.

Por su parte, Matthei presentó un paquete de ocho medidas centradas en la lucha contra el crimen organizado y la impunidad, incluyendo la incorporación de 10.000 nuevos Carabineros, uso de tecnologías como reconocimiento facial, y un régimen penitenciario más estricto para jefes narco y reincidentes. Su lema: "La impunidad termina ahora".

Perspectivas políticas y sociales

Desde la derecha, estas propuestas fueron celebradas como necesarias para restaurar el orden y la seguridad ciudadana. "La seguridad es un derecho fundamental que no puede seguir siendo postergado", sostuvo un dirigente de Chile Vamos.

Sin embargo, sectores de izquierda y organizaciones de derechos humanos alertaron sobre los riesgos de criminalizar la migración y de políticas que podrían profundizar la exclusión social y la vulneración de derechos. "Estas medidas no atacan las causas estructurales de la inseguridad, sino que estigmatizan a comunidades vulnerables", afirmó un académico en sociología urbana.

En regiones afectadas por la migración irregular, la recepción fue ambivalente. Mientras algunos vecinos demandan mayor seguridad y apoyo policial, otros advierten que las medidas podrían generar desplazamientos forzados y tensiones comunitarias.

Impactos visibles y consecuencias

Cinco meses después, los datos oficiales muestran un leve descenso en algunos delitos violentos, pero un aumento en denuncias por discriminación y abuso policial en zonas con alta presencia migrante. La implementación de nuevas tecnologías ha sido criticada por falta de regulación clara y problemas de privacidad.

Además, la discusión ha polarizado aún más el debate público, dificultando acuerdos para políticas integrales. La Fiscalía reporta un aumento en la carga de casos relacionados con delitos asociados a extranjeros, saturando un sistema que ya enfrenta limitaciones.

Constataciones finales

Lo que está claro es que la seguridad en Chile no se resolverá con soluciones simplistas ni con medidas que ignoran la complejidad social y económica. Las propuestas de Kast y Matthei ilustran un choque entre visiones que privilegian el orden y la mano dura, y aquellas que llaman a abordar causas profundas y proteger derechos fundamentales.

Este debate, lejos de cerrarse, invita a una reflexión más profunda sobre cómo construir una seguridad que sea efectiva, justa y sostenible, en un país que enfrenta desafíos múltiples y contradictorios. La tragedia, para unos y otros, es que la violencia y la inseguridad siguen siendo parte de la vida cotidiana, mientras las respuestas políticas parecen más una arena de confrontación que un camino hacia soluciones duraderas.