El dilema judicial que sacude al Poder Judicial: La querella por prevaricación contra el ministro Mesa Latorre y su impacto en la independencia del sistema acusatorio

Un enfrentamiento que no es sólo legal, sino un choque de visiones sobre la esencia del sistema judicial chileno. El 23 de septiembre de 2025, la Corte Suprema debía resolver si admite una querella por prevaricación imprudente contra el ministro Álvaro Mesa Latorre, entonces presidente de la Corte de Temuco. Esta controversia ha atravesado múltiples instancias, con decisiones contradictorias: dos tribunales declararon admisible la querella, mientras otros dos la rechazaron. En el centro del debate está el alcance del artículo 113 d) del Código Procesal Penal y la función que debe cumplir el juez al analizar la admisibilidad de querellas por este delito.

Desde una perspectiva formalista, algunos jueces sostienen que el examen debe limitarse a verificar requisitos legales mínimos, sin entrar a valorar si los hechos configuran o no un delito. En cambio, otros argumentan que el juez debe profundizar en el análisis, incluso anticipando una valoración sobre la existencia del delito, tarea que tradicionalmente corresponde al Ministerio Público.

Carla Fernández Montero, abogada experta en Derecho Penal, señala que esta pugna revela una tensión latente entre un sistema acusatorio moderno y prácticas inquisitivas heredadas. Según Fernández, 'la Corte Suprema debe reafirmar que la admisibilidad es un filtro formal y que la decisión sobre la criminalidad de los hechos corresponde exclusivamente al Ministerio Público, para preservar la autonomía de cada órgano.'

Por otro lado, sectores judiciales que defienden un examen más riguroso del juez temen que una admisión automática de querellas pueda abrir la puerta a procesos abusivos o politizados, afectando la estabilidad institucional.

Desde la óptica política, este caso ha sido interpretado como un reflejo de las disputas entre corrientes judiciales conservadoras y reformistas. Algunos analistas ven en la querella un instrumento para presionar a figuras judiciales incómodas, mientras otros defienden el derecho a la fiscalización y control de posibles abusos dentro del Poder Judicial.

En regiones, especialmente en La Araucanía, donde Mesa Latorre ha tenido un rol relevante, la controversia ha generado inquietud. Voces locales advierten que el caso podría afectar la percepción ciudadana sobre la justicia y su imparcialidad en un territorio marcado por conflictos sociales y demandas históricas.

Finalmente, el fallo de la Corte Suprema confirmó la admisibilidad de la querella, enviando el caso al Ministerio Público para su investigación. Esta decisión no sólo define un procedimiento específico, sino que establece un precedente que delimita funciones y fortalece el sistema acusatorio.

Tres certezas emergen de esta historia: primero, que la tensión entre jueces y Ministerio Público es una realidad que requiere diálogo institucional; segundo, que la interpretación de normas procesales no es neutral, sino que está atravesada por visiones políticas y culturales; y tercero, que la transparencia y el respeto a los roles constitucionales son fundamentales para mantener la confianza ciudadana en la justicia.

Este episodio no concluye aquí, pero sí ofrece una oportunidad para reflexionar sobre cómo Chile construye un sistema judicial moderno, equilibrado y respetuoso de sus propias reglas, evitando que la tragedia de la desconfianza se instale en el corazón de la democracia.