Demolición de la toma Los Calicheros en Quilpué: un desenlace esperado con heridas aún abiertas

En septiembre de 2025, la toma Los Calicheros en Quilpué fue finalmente demolida bajo un fuerte resguardo policial, poniendo fin a un conflicto que se extendió por más de cuatro años y que estuvo marcado por la tragedia, la resistencia y la ausencia de soluciones habitacionales claras.

El terreno, de casi 30 hectáreas, pertenecía a la familia del empresario Alejandro Correa, asesinado en 2020 en un caso de sicariato vinculado a la disputa por estas tierras. Tras años de litigios y recursos judiciales, la Corte de Apelaciones de Valparaíso autorizó en 2024 la demolición, que se ejecutó finalmente a fines de septiembre de 2025.

Desde temprano, alrededor de 250 carabineros se desplegaron para resguardar la operación, que se desarrolló sin incidentes mayores y con la mayoría de las familias desalojadas de forma voluntaria. “Ha sido un proceso en calma, sin necesidad de uso de la fuerza ni hechos de violencia”, destacó el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme.

Sin embargo, la tranquilidad no fue compartida por todos. La vocera de la toma, Yasmín Durán, denunció que “aquí nunca hubo una orden de desalojo” y criticó la falta de comunicación y de alternativas habitacionales claras para las familias afectadas. Esta voz refleja la persistente sensación de abandono que sienten quienes ocupaban el terreno, muchos de los cuales han vivido en la precariedad y sin acceso a soluciones definitivas.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN), defendió la medida como un acto necesario para “restablecer el Estado de derecho”, aunque reconoció que la proliferación de tomas en la región evidencia una deuda pendiente del Estado en materia de vivienda. Corti también denunció la existencia de una “mafia compleja” que, según su visión, ha influido en la persistencia del conflicto, y criticó a ciertos dirigentes y abogados que, a su juicio, han complicado la resolución del problema.

Desde la perspectiva de la familia Correa, representada por la abogada Jeanette Bruna, la demolición es un paso necesario para cerrar un capítulo doloroso. “Después de cinco años del asesinato de don Alejandro y cuatro años de orden de demolición, parece irreal que se esté ejecutando”, señaló Bruna, quien además llamó al Estado a asumir un rol más activo en la prevención y solución de estos conflictos. “No falta ley, falta voluntad política y gestión”, afirmó.

Durante el proceso, se demolieron cerca de 140 estructuras y se procedió a la remoción de escombros, con planes para cerrar el terreno y evitar futuras tomas mediante zanjas y cierres perimetrales. Además, se habilitaron albergues para quienes quedaron en situación de vulnerabilidad y se implementaron planes especiales para niños, adultos mayores y mascotas.

Este caso, en su complejidad, pone de relieve la tensión entre el respeto a la propiedad privada y la urgencia social de acceso a la vivienda digna. Por un lado, la familia Correa busca recuperar un bien que consideran usurpado y que tiene un valor simbólico y económico fundamental; por otro, las familias que ocuparon el terreno enfrentan la precariedad habitacional y la ausencia de políticas públicas eficaces que atiendan sus necesidades.

La demolición en Los Calicheros no es un hecho aislado sino parte de un fenómeno creciente en Chile, donde la falta de vivienda asequible ha llevado a la proliferación de tomas en distintas regiones. La ausencia de un catastro claro y de políticas habitacionales integrales ha generado una situación de alta conflictividad social, que exige respuestas que vayan más allá del desalojo y la demolición.

En definitiva, el desenlace de Los Calicheros revela un choque de realidades y derechos que aún no encuentra solución definitiva. La restitución del Estado de derecho, la reparación a la familia Correa y la garantía de derechos sociales para las familias desalojadas son demandas legítimas que deberán ser abordadas con mayor profundidad y voluntad política.

Este episodio, con sus múltiples actores y tensiones, invita a reflexionar sobre la urgencia de políticas habitacionales que conjuguen justicia, dignidad y desarrollo urbano sostenible, evitando que tragedias similares se repitan en el futuro.

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Fuentes: Cooperativa.cl, La Tercera, declaraciones de autoridades y representantes legales, testimonios de vecinos y análisis de contexto regional.