FES: Un remedio peor que la enfermedad en la educación superior chilena

El Fondo de Educación Superior (FES), lanzado con la promesa de facilitar el acceso a la educación universitaria, ha desatado un debate que trasciende las cifras y las buenas intenciones. Desde su implementación en marzo de 2025, el FES ha evidenciado tensiones profundas entre la necesidad de ampliar la cobertura educativa y la sostenibilidad financiera del sistema.

El origen del conflicto

El FES nace como respuesta a las críticas al Crédito con Aval del Estado (CAE), cuyo alto nivel de morosidad (64%) y condiciones poco equitativas habían generado un rechazo transversal. El FES propone un esquema de financiamiento estatal directo a las instituciones, eliminando el copago de los estudiantes y estableciendo un impuesto al graduado que puede alcanzar hasta 3,5 veces el monto aportado.

Esta fórmula, aunque diseñada para evitar la evasión y asegurar la recuperación de fondos, ha generado alarma entre universidades privadas, que ven amenazada su viabilidad financiera, y entre estudiantes, que enfrentan la incertidumbre sobre la disponibilidad de cupos y el acceso efectivo.

Perspectivas enfrentadas

Desde el gobierno, el ministro de Educación Nicolás Cataldo ha defendido el FES como un acto de racionalidad fiscal y contención presupuestaria, argumentando que limitar los cupos es necesario para evitar una "expansión inorgánica" de la demanda educativa. 'Si se agotan los cupos, lamentamos que jóvenes sin recursos queden fuera, pero no podemos permitir que el sistema colapse', señaló en una reciente entrevista.

Por otro lado, las universidades privadas alertan sobre el impacto negativo en su financiamiento, dado que el FES elimina el copago, una fuente vital, y les impone límites estrictos. 'El FES pone en riesgo la diversidad y calidad del sistema, al concentrar la oferta y reducir la autonomía institucional', advierte un rector de una universidad tradicional.

Estudiantes y organizaciones sociales critican la medida por ser excluyente y por transformar el derecho a la educación en una competencia por cupos limitados, lo que puede profundizar desigualdades. 'El FES es un remedio peor que la enfermedad: restringe el acceso y genera un impuesto disfrazado que castiga a quienes logran titularse', sostiene una vocera estudiantil.

Consecuencias visibles y lecciones aprendidas

A seis meses de su entrada en vigencia, el FES ha mostrado efectos contraproducentes: un aumento en la informalidad laboral para evadir el impuesto al graduado, incertidumbre en la oferta académica y una presión creciente sobre las universidades públicas y tradicionales para absorber la demanda.

Expertos en política educativa coinciden en que un sistema de financiamiento justo debe contemplar un crédito contingente al ingreso (CCI), que ajuste el pago según la capacidad económica del egresado y preserve la libertad de enseñanza. 'El FES traslada al Estado la responsabilidad de fijar vacantes y precios, generando dependencia y riesgos fiscales', explica Santiago Montiel, investigador de Horizontal.

Además, se constata que sin un debate amplio y transparente, que incluya a todos los actores y considere las realidades regionales y sociales, cualquier reforma corre el riesgo de profundizar las brechas y afectar la calidad educativa.

El coliseo sigue abierto

Este enfrentamiento entre Estado, instituciones y estudiantes no es solo una disputa técnica, sino un drama social que pone en escena las tensiones entre equidad, eficiencia y autonomía. Mientras el gobierno defiende la racionalidad fiscal, las universidades luchan por sobrevivir y los jóvenes por un futuro digno, el sistema educativo chileno se debate en un coliseo donde las heridas parecen multiplicarse.

El FES, lejos de ser la solución definitiva, ha evidenciado que sin un diseño inclusivo y sostenible, el remedio puede ser peor que la enfermedad. La reflexión final es clara: la educación superior chilena requiere un pacto social que trascienda coyunturas, priorice la justicia social y garantice un financiamiento que no sacrifique la calidad ni la libertad educativa.

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Fuentes: Diario Financiero, La Tercera, entrevistas oficiales al Ministerio de Educación, análisis de Horizontal, declaraciones de rectores universitarios y representantes estudiantiles.