Muerte y trauma en la Corte de Arica: un ataque que desnudó fallas y tensiones
Un jueves marcado por la tragedia en la Corte de Apelaciones de Arica dejó al descubierto una compleja trama de tensiones internas, fallas en los protocolos de seguridad y la urgente necesidad de abordar la salud mental en el sistema judicial. Juan Verdejo Valle, funcionario judicial con licencia médica, atacó con un cuchillo al administrador del tribunal, provocándole heridas graves y desatando una cadena de hechos que culminaron con su muerte a manos de Carabineros y Gendarmería.
Un ataque que conmocionó a la judicatura
El incidente ocurrió alrededor de las 13 horas en el edificio de la Corte ubicado en Manuel Blanco Encalada #945, cuando Verdejo, en aparente estado de descontrol, agredió con un arma blanca al administrador del tribunal, identificado como R.M.L. La rápida intervención de una gendarme y la llegada de carabineros desencadenaron un enfrentamiento armado: tras disparos iniciales a las piernas del agresor, que intentó huir al segundo piso, se produjo un intercambio de disparos más intenso con funcionarios de Gendarmería, que terminó con la muerte de Verdejo en el lugar. El administrador permanece en riesgo vital en el Hospital Regional de Arica.
Voces enfrentadas: seguridad, salud mental y responsabilidad
La Corte Suprema, reunida de emergencia, ha reaccionado con medidas inmediatas. La ministra vocera María Soledad Melo señaló que la ministra María Angélica Repetto visitará Arica para evaluar la situación y coordinar apoyos psicológicos para los funcionarios afectados. Además, se ordenó un sumario administrativo para esclarecer posibles irregularidades en el manejo del caso.
Por otro lado, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, defendió la actuación de sus funcionarios, calificando la situación como "inusual, nunca antes vista en 30 años" y destacando la reacción rápida para proteger la integridad del personal judicial.
Sin embargo, desde sectores sindicales y expertos en salud mental surge una crítica profunda. Representantes de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales han cuestionado la falta de protocolos claros para atender crisis de salud mental dentro del Poder Judicial y la insuficiente preparación para manejar situaciones de violencia interna. Algunos académicos y psicólogos consultados subrayan que el caso Verdejo no es un hecho aislado, sino el síntoma de un sistema que no ha incorporado adecuadamente la dimensión psicológica en sus políticas laborales.
Contexto y consecuencias: un sistema bajo presión
Este episodio no solo desnuda las vulnerabilidades en la seguridad física de los tribunales, sino que también pone en evidencia la tensión creciente en un Poder Judicial sobrecargado y con recursos limitados para el bienestar de sus funcionarios.
Las investigaciones están en curso bajo la fiscalía de la Brigada de Homicidios de la PDI, mientras que Carabineros y Gendarmería permanecen como testigos clave. La revisión de protocolos y la implementación de medidas de contención psicológica aparecen como demandas urgentes, pero también como desafíos complejos en un entorno institucional tradicionalmente resistente al cambio.
Un espejo para la justicia y la sociedad
El choque entre la violencia inesperada y la respuesta estatal en Arica abre un debate más amplio sobre cómo el sistema judicial chileno enfrenta la salud mental y la seguridad en sus espacios de trabajo. La tragedia de Juan Verdejo y sus víctimas es, en última instancia, una llamada a repensar políticas, recursos y la cultura organizacional para evitar que hechos similares se repitan.
En definitiva, el suceso deja claras verdades: la fragilidad del equilibrio entre seguridad y apoyo psicológico en instituciones clave, la necesidad de protocolos adaptados a realidades complejas, y el costo humano que implica la ausencia de una mirada integral sobre el bienestar laboral en el Poder Judicial.