Acusación constitucional a Diego Pardow: conflicto de interés y defensa en el ojo del huracán
El escenario político chileno se ha visto sacudido por una acusación constitucional que, a más de una semana de su presentación, revela capas profundas de conflicto, estrategia y controversia. El diputado Jaime Mulet, presidente de la comisión revisora, denunció un posible conflicto de interés al revelar que la pareja del exministro de Energía Diego Pardow es socia de un estudio jurídico que ha defendido a Transelec en causas vinculadas a la acusaci n. Este dato, que no fue declarado públicamente ni incluido en la declaración de intereses del exsecretario de Estado, complica el panorama de transparencia que se exige en casos de esta naturaleza.
El conflicto de interés en el centro del debate
Desde la oposición, se ha enfatizado que este vínculo pone en cuestionamiento la integridad del proceso y la probidad del exministro. El diputado Mulet sostiene que "hay una falta de transparencia, hay un conflicto de interés" y que esta información, hasta ahora oculta, podría haber influido en la gestión de Pardow respecto a la sobrevaloración de activos de Transelec.
Por el contrario, la defensa de Pardow ha respondido con un documento exhaustivo de 121 páginas, donde rechaza categóricamente las acusaciones. El exministro argumenta que no tenía facultades legales para corregir el cálculo tarifario y que su omisión no fue deliberada sino técnica y administrativa. "No existía información clara y comunicar el error habría generado alarma en la ciudadanía", señala, minimizando el impacto económico real en los consumidores.
Contradicciones y tensiones políticas
La acusación, dividida en dos capítulos, fue impulsada por la oposición con el apoyo de abogados de Renovación Nacional y la UDI, quienes acusan a Pardow de negligencia administrativa y falta de probidad. El primer capítulo apunta a un decreto que duplicó los efectos inflacionarios en las tarifas eléctricas desde enero de 2024. El segundo cuestiona la falta de transparencia frente a las advertencias hechas por Transelec sobre errores en la valorización de sus activos.
En este contexto, Pardow niega haber ocultado información y acusa a la oposición de usar el caso con fines electorales. Además, desestima las insinuaciones de conflicto de interés relacionadas con su viaje oficial a China, donde la empresa estatal China Southern Power Grid, con participación en Transelec, es un actor relevante.
Voces desde distintos frentes
Desde sectores políticos oficialistas, la preocupación es palpable. La Moneda y el comando de la candidata presidencial Jeannette Jara ven con inquietud que la votación pueda realizarse justo antes de las elecciones del 16 de noviembre, lo que podría afectar la agenda energética y la percepción pública.
En tanto, parlamentarios de oposición insisten en la urgencia de votar para dar una señal clara sobre la probidad en la gestión pública. "Este caso pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas", afirman.
Conclusiones y consecuencias
Tras la presentación de la defensa, la comisión revisora tiene un plazo de seis días para elaborar un informe que será clave para la votación en la Cámara. El caso Pardow no solo pone en cuestión la gestión tarifaria y la transparencia gubernamental, sino que también refleja la complejidad de los vínculos personales y profesionales en la política chilena.
Esta historia, lejos de cerrarse, plantea un desafío para el sistema político: cómo equilibrar la necesidad de rendición de cuentas con la protección de carreras profesionales y la gestión técnica, en un contexto marcado por la polarización y la proximidad electoral.
Mientras tanto, la ciudadanía observa expectante, consciente de que este episodio es un microcosmos de las tensiones que atraviesan la democracia chilena en su búsqueda por mayor probidad y transparencia.