Punta Peuco deja de ser un penal especial: ingreso del primer reo común y las tensiones que desata
El 4 de noviembre de 2025 marcó un antes y un después en la historia del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Tiltil, antiguamente conocido como Punta Peuco. Ese día se publicó en el Diario Oficial el decreto que puso fin a la condición especial del penal, destinado exclusivamente a condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar. Al día siguiente, ingresó el primer interno condenado por un delito común: un hombre de 75 años, sentenciado por violación de menor de 14 años, con condena vigente hasta 2027.
Un cambio simbólico y práctico
El Presidente Gabriel Boric defendió la medida como un cumplimiento de compromiso y una señal clara de que "en Chile no hay privilegios". En sus palabras, "Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común, a disposición de las necesidades del país, especialmente en materia de seguridad". Desde el Ministerio de Justicia, el titular Jaime Gajardo enfatizó que el establecimiento ya no es un espacio exclusivo, sino que se rige por los protocolos y clasificaciones habituales de Gendarmería.
El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, aportó detalles sobre el perfil del nuevo interno y el manejo del recinto: "Esta persona no representa un inconveniente para la convivencia interna ni un problema con los demás internos". Además, descartó la llegada de reos comunes peligrosos, enfatizando que se mantendrá la cautela para evitar conflictos violentos.
Voces desde la política y la sociedad
Sin embargo, la transformación de Punta Peuco no ha estado exenta de controversias. Sectores de la derecha política critican la medida, argumentando que se diluye el carácter simbólico del penal, que funcionaba como un espacio de memoria y justicia para las víctimas de la dictadura. Para ellos, la medida podría relativizar la gravedad de los crímenes cometidos y generar un impacto negativo en la percepción pública sobre la reparación histórica.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y víctimas han expresado sentimientos encontrados. Algunos valoran que se acabe con un sistema que parecía otorgar privilegios a condenados por crímenes atroces, mientras otros temen que la medida pueda afectar la seguridad y la dignidad de las víctimas al transformar un espacio emblemático en un penal común.
Contexto y desafíos futuros
El CCP Tiltil cuenta con una capacidad oficial para 133 internos, pero actualmente alberga a 141, lo que representa una ocupación del 106%. Este dato pone en evidencia la crisis del sistema penitenciario nacional, que enfrenta hacinamiento y problemas de infraestructura. La reconversión de Punta Peuco busca responder a estas dificultades, pero abre interrogantes sobre la gestión y el control interno.
Además, la decisión se inscribe en un momento político donde el Gobierno busca equilibrar demandas de justicia social, seguridad pública y reparación histórica, en un país que aún lidia con las heridas del pasado reciente.
Constataciones finales
La transformación de Punta Peuco en un penal común es un acto cargado de simbolismo y pragmatismo. El decreto presidencial y el ingreso del primer reo común son hechos concretos que evidencian un giro en la política penitenciaria y en la gestión de la memoria histórica.
Las voces enfrentadas reflejan la disonancia cognitiva que genera este cambio: la tensión entre justicia, memoria y seguridad. Mientras el Estado afirma la igualdad ante la ley y la necesidad de optimizar recursos, sectores políticos y sociales debaten el costo simbólico y emocional de esta decisión.
En definitiva, Punta Peuco se convierte en un escenario donde convergen las tragedias pasadas y los desafíos presentes del sistema penal chileno, invitando a la ciudadanía a una reflexión profunda sobre cómo se construye justicia y memoria en democracia.