
Un fenómeno que crece sin freno ha instalado una compleja realidad en la frontera norte de Chile y Bolivia. Alrededor de 120 mil vehículos indocumentados, conocidos popularmente como “chutos”, ingresan anualmente a Bolivia a través de la zona de extensión aduanera de Tarapacá y Parinacota. Esta cifra, revelada por la Cámara Automotor Boliviana (CAB), ha provocado un impacto profundo no solo en la economía boliviana, sino también en las relaciones bilaterales y en la percepción ciudadana de ambos lados.
El ingreso masivo de autos “chutos” no es un fenómeno reciente. En los últimos nueve años, se han acumulado cerca de 1,4 millones de vehículos indocumentados circulando en Bolivia. Estas unidades provienen principalmente de países como Japón, China y Francia, y entran al país sin cumplir con los requisitos legales ni pagar los impuestos correspondientes. La oferta se mueve en redes sociales y mercados clandestinos, donde incluso se ofrecen autos a pedido para distintas regiones bolivianas.
Desde una perspectiva económica, este fenómeno representa una doble pérdida: por un lado, el Estado deja de recaudar millones de dólares en impuestos de importación; por otro, las empresas legales del sector automotriz no pueden competir con los precios bajos de estos vehículos. Luis Orlando Encinas, gerente de la CAB, señala que “este mercado paralelo distorsiona la economía formal y genera un daño estructural difícil de revertir”.
La problemática ha generado posturas encontradas. Desde el gobierno boliviano, algunos sectores reconocen la dificultad para controlar el ingreso de estos vehículos dada la extensión y naturaleza del territorio fronterizo. En contraste, sectores empresariales y políticos presionan por medidas más estrictas, argumentando que la informalidad erosiona la economía y la seguridad vial.
En Chile, la situación también es mirada con preocupación. Autoridades locales de Tarapacá y Parinacota advierten sobre el aumento de vehículos sin documentación que cruzan la frontera, lo que complica la fiscalización y genera tensiones diplomáticas. Un alcalde regional expresó que “esta realidad nos obliga a repensar la cooperación fronteriza y los mecanismos de control compartidos”.
Por otro lado, voces ciudadanas en Bolivia reflejan una disonancia cognitiva: para muchos, adquirir un auto ‘chuto’ es una oportunidad económica ante la inaccesibilidad de vehículos legales. Sin embargo, reconocen los riesgos asociados, desde la inseguridad jurídica hasta la falta de garantías técnicas y legales.
Esta situación ha configurado un escenario donde convergen la informalidad, la economía paralela y la fragilidad institucional. La evasión fiscal, la competencia desleal y la inseguridad vial son algunos de los efectos palpables que enfrentan ambas naciones.
Además, el fenómeno ha tensionado la relación bilateral, poniendo en evidencia la necesidad de acuerdos y coordinación en materia aduanera y de control fronterizo. Expertos en relaciones internacionales sugieren que sin un compromiso conjunto, el problema seguirá escalando, afectando la estabilidad regional.
Finalmente, la experiencia boliviana invita a reflexionar sobre las complejidades de las economías fronterizas en América Latina, donde la informalidad muchas veces se entrelaza con la supervivencia y la aspiración social. La historia de los autos ‘chutos’ es, en definitiva, un espejo de tensiones estructurales que requieren soluciones integrales y diálogo sostenido.
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Fuentes: La Razón (Bolivia), Cámara Automotor Boliviana, declaraciones de autoridades regionales chilenas, análisis de expertos en economía y relaciones internacionales.
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