Chile y el gasto público: un ajuste ineludible y el choque de visiones que definirá su futuro fiscal

Un ajuste fiscal inevitable

Chile encara un momento decisivo en la gestión de sus finanzas públicas, con una propuesta de recorte del gasto público por US$ 6.000 millones en 18 meses que ha puesto en el centro del debate político y económico la sostenibilidad fiscal del país. Esta cifra, impulsada por el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, representa un desafío mayúsculo en un contexto donde la rigidez del gasto público alcanza niveles históricos.

Según datos oficiales de la Dirección de Presupuestos (Dipres), más del 90% del gasto fiscal está comprometido por leyes permanentes o destinado a áreas como la administración pública, justicia e inversión pública. Esto implica que cualquier reducción significativa debe sortear barreras legales y políticas, lo que explica la controversia y escepticismo que rodea las propuestas de ajuste.

El plan Kast y la respuesta política

El equipo económico de Kast, encabezado por el asesor Tomás Bunster, ha detallado que el ajuste se fundamenta en tres ejes: frenar abusos como el de licencias médicas fraudulentas y corrupción en convenios; aumentar la eficiencia del sector público; y aplicar una política de austeridad fiscal que incluya recortes en gastos considerados superfluos o inflados.

"Nuestra propuesta ha generado controversia, pero estamos convencidos que es un ajuste inevitable, necesario y posible", afirmó Bunster en un seminario organizado por Renta4.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Desde la candidatura de Evelyn Matthei, Juan José Obach calificó de "vagas" las propuestas y cuestionó la factibilidad de un recorte tan agresivo. Por su parte, el comando de Jeannette Jara denunció que la mitad del recorte sería "fantasía" y advirtió que algunos ajustes requieren aprobación legislativa, lo que agrega incertidumbre.

La rigidez del gasto: un obstáculo estructural

La Dipres ha confirmado que aproximadamente el 92% del gasto está comprometido por ley o ligado a materias ineludibles como pensiones, remuneraciones permanentes, sentencias judiciales y servicio de la deuda. Solo el 63,4% del gasto neto está vinculado exclusivamente a leyes permanentes, lo que requiere modificaciones legislativas para su alteración.

Esta rigidez limita la capacidad del Ejecutivo para maniobrar y obliga a que los recortes profundos pasen por un exhaustivo proceso político y técnico.

La Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público (CGP), que en meses recientes propuso 34 medidas para contener y racionalizar el gasto, ha insistido en la urgencia de actuar. Entre sus recomendaciones destacan la mejora en la gestión de salud y educación, la contención del empleo público mediante reformas al Estatuto Administrativo, y el fortalecimiento de la fiscalización para evitar el uso indebido de beneficios sociales.

"Cumplir las reglas fiscales debe ser una prioridad", advierten, recordando que la deuda pública se acerca al límite prudencial del 45% del PIB.

Inversión y gasto: una dicotomía en aumento

Mientras el gasto corriente muestra tensiones, la inversión pública y privada exhibe un crecimiento significativo. Según el último informe de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), el gasto en grandes proyectos de inversión superó los US$ 5.400 millones en el primer semestre de 2025, el nivel más alto en tres años.

Sectores como energía y minería lideran este impulso, con aumentos nominales trimestrales del 58,9% y 0,4% respectivamente, y crecimientos interanuales aún más marcados. Esta dinámica contrasta con la necesidad de contener el gasto corriente, generando tensiones en la asignación presupuestaria y en la definición de prioridades.

Las voces en el coliseo: confrontación y disonancia

El debate fiscal chileno se ha convertido en un verdadero coliseo donde se enfrentan visiones encontradas. Por un lado, la derecha propone ajustes profundos y auditorías "escritorio por escritorio" para identificar y eliminar gastos innecesarios, prometiendo responsabilidad y rendición de cuentas.

"Vamos a hacer una auditoría total al aparato estatal", aseguró Kast, quien también defendió la continuidad de la Pensión Garantizada Universal, diferenciándose de críticas que apuntan a su sostenibilidad.

Por otro lado, la izquierda y sectores moderados advierten sobre los riesgos sociales de recortes abruptos, la dificultad política para implementar medidas y la necesidad de cuidar programas sociales esenciales.

"Hay que hacer las cosas de manera responsable y con propuestas claras", expresó Obach, mientras Escobar cuestionó la viabilidad de los recortes y la falta de explicaciones sobre su impacto en empleo y subsidios.

Conclusiones y consecuencias visibles

El diagnóstico es claro: Chile enfrenta una encrucijada fiscal con un gasto público altamente rígido, una deuda en aumento y una presión creciente sobre la inversión y los programas sociales. La propuesta de recorte de US$ 6.000 millones, aunque audaz y técnicamente fundamentada, choca con la complejidad política y social del país.

El resultado de este enfrentamiento definirá no solo el equilibrio fiscal, sino también la confianza ciudadana en las instituciones y la capacidad del Estado para responder a las necesidades sociales sin comprometer la estabilidad económica.

En definitiva, la discusión sobre el gasto público chileno es un espejo donde se reflejan las tensiones entre austeridad y bienestar, eficiencia y equidad, continuidad y cambio. Y mientras los actores se desafían en este escenario, la ciudadanía observa expectante, consciente de que las decisiones tomadas hoy marcarán el rumbo del país en los años venideros.

Fuentes: Dirección de Presupuestos (Dipres), Banco Central, Corporación de Bienes de Capital (CBC), Centro de Estudios Públicos (CEP), declaraciones públicas de José Antonio Kast, Tomás Bunster, Juan José Obach, Luis Eduardo Escobar y Jeannette Jara.