El Pentágono impone nuevas normas restrictivas a la prensa: un pulso por la libertad de información en EE.UU.
La batalla por la verdad en el corazón del poder militar estadounidense ha escalado a un nuevo nivel. Desde septiembre de 2025, el Departamento de Guerra (Pentágono) impuso una política inédita que obliga a los periodistas acreditados a firmar un compromiso para no publicar información, incluso no clasificada, sin previa autorización oficial. Esta norma, que entró en vigor tras un plazo de aceptación que venció en octubre, condiciona el acceso a las instalaciones del Pentágono y amenaza con revocar credenciales a quienes no acaten.
El epicentro del conflicto es una disputa directa entre la administración Trump y la prensa tradicional, que se ha expresado en una oleada de rechazo sin precedentes. Los principales medios de comunicación de Estados Unidos —incluyendo The New York Times, The Washington Post, CNN, ABC News, CBS News, NBC News, Fox News y Reuters— decidieron no firmar el polémico acuerdo. La única excepción fue el canal conservador One America News, alineado con la línea editorial del presidente.
"Este es un día triste para quienes apoyan una prensa libre", declaró Nancy A. Youssef, corresponsal del Pentágono para The Atlantic. "Pero me siento honrada de formar parte de un cuerpo de prensa que se mantuvo unido para proteger nuestros derechos constitucionales".
El trasfondo de la medida se enmarca en la creciente hostilidad del gobierno hacia los medios críticos. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha defendido la política con un mensaje contundente: "La prensa no dirige el Pentágono, sino la gente. Si no cumplen las reglas, pueden irse a casa". Esta declaración refleja la intención de controlar no solo el acceso físico, sino también el relato público sobre las fuerzas armadas y sus actividades.
Las consecuencias prácticas de esta política son profundas. Según el Club Nacional de Prensa de Washington, "Si las noticias sobre nuestras fuerzas armadas deben ser aprobadas primero por el gobierno, el público solo recibirá lo que los funcionarios quieren que vean". Esto representa un freno a la información independiente, afectando incluso datos obtenidos de fuentes anónimas dentro del Pentágono, que hasta ahora han sido fundamentales para la investigación periodística.
Desde la prensa, la respuesta ha sido unánime y firme. La negativa a firmar el compromiso y la devolución masiva de credenciales simbolizan una defensa activa de la Primera Enmienda y del derecho ciudadano a una información veraz y sin censura. Medios como The New York Times han reiterado que no cederán ante intentos de coartar la libertad de prensa y seguirán informando con rigor y profundidad.
Por su parte, el Pentágono insiste en que la medida busca proteger información sensible y la seguridad nacional. El portavoz Sean Parnell ha sostenido que las directrices corresponden a estándares comunes en bases militares y son necesarias para evitar filtraciones que puedan poner en riesgo a personal y operaciones.
Esta confrontación se inserta en un contexto más amplio de tensión entre la administración Trump y los medios de comunicación, marcada por demandas judiciales, críticas públicas y un discurso oficial que desacredita a la prensa tradicional.
En conclusión, el pulso entre el Pentágono y la prensa estadounidense no es solo un choque institucional, sino un desafío a los principios democráticos fundamentales. Mientras el gobierno busca controlar la narrativa, los medios defienden el derecho a informar con independencia. Esta disputa no solo afecta la transparencia del poder militar, sino que pone en jaque la confianza pública en la información y la salud del debate democrático en Estados Unidos.
El futuro inmediato dependerá de si se logra un equilibrio entre la seguridad nacional y la libertad de prensa, o si prevalece un modelo de control que limite la capacidad ciudadana de conocer y cuestionar las acciones de sus gobernantes.