
Un partido que se cierra para protegerse. A comienzos de noviembre de 2025, el Frente Amplio (FA) emitió una orden interna que prohibía a sus alcaldes reunirse con candidatos parlamentarios que compiten con postulantes del partido. Este mandato se tradujo en un episodio palpable: el senador socialista José Miguel Insulza, aspirante a senador por la Región de Valparaíso, solicitó una reunión con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), para conversar sobre el proyecto Las Salinas. La respuesta fue un rechazo tajante, informado por el jefe de gabinete de Ripamonti, bajo instrucciones del FA.
Este gesto no es un mero detalle administrativo, sino la materialización de una estrategia que busca preservar la cohesión y la disciplina interna del Frente Amplio en un momento de alta tensión electoral. Sin embargo, también desnuda las grietas y la complejidad del entramado político de la izquierda chilena, donde la competencia entre fuerzas hermanas se traduce en exclusiones y distanciamientos.
"Desde el partido el llamado a todos nuestros militantes es que apoyen las candidaturas del Frente Amplio o a aquellas que orgánicamente hayamos definido apoyar", explicó Andrés Couble, secretario general del FA. La advertencia no sólo apunta a preservar candidaturas propias, sino a evitar que las redes de apoyo se desvíen hacia figuras externas, incluso si provienen de partidos aliados como el PS.
Por su parte, Insulza ha debido buscar respaldo en alcaldes socialistas de la región, pero con resultados limitados y visibles sólo en casos puntuales, como el apoyo público de la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo. Este aislamiento político refleja una tensión no resuelta entre el FA y el PS, que compiten por espacios similares en la izquierda, pero mantienen agendas y bases distintas.
En paralelo, el Frente Amplio enfrenta otro frente complejo: la acusación constitucional contra Diego Pardow, exministro de Energía y militante del FA, por un error metodológico en el cobro de las cuentas eléctricas. Esta acusación ha encontrado apoyo transversal en sectores del oficialismo, incluyendo PPD, radicales, liberales y algunos diputados del PS y PC, poniendo en riesgo la unidad del bloque.
"El gobierno está desplegándose para ordenar al oficialismo y evitar fracturas", señaló Jaime Sáez, jefe de bancada del FA. La presidenta del partido, Constanza Martínez, llevó la preocupación hasta La Moneda, buscando un compromiso explícito para defender a Pardow y contener los descuelgues.
No obstante, las señales desde el Ejecutivo han sido ambiguas, reconociendo la dificultad de enfrentar la acusación en un contexto electoral y señalando que la votación no se realizaría antes de los comicios. Algunos parlamentarios oficialistas han adelantado su intención de aprobar la acusación, evidenciando la fragilidad de la disciplina partidaria y la complejidad de las lealtades políticas.
Este escenario expone una paradoja: mientras el Frente Amplio busca mostrarse unido y disciplinado para fortalecer sus candidaturas y defender a sus figuras, en la práctica convive con tensiones internas y enfrentamientos con aliados históricos. El bloqueo a Insulza y la crisis en torno a Pardow son síntomas de una izquierda fragmentada, que lucha por mantener su relevancia en un sistema político que premia la cohesión y la unidad.
Además, la estrategia de exclusión puede tener costos electorales y sociales. La negativa a dialogar con candidatos de partidos aliados puede percibirse como un acto de sectarismo que limita la construcción de mayorías amplias. Por otro lado, la acusación a Pardow y la división en el oficialismo pueden erosionar la confianza ciudadana en la capacidad del gobierno para gestionar sus crisis internas.
La decisión del Frente Amplio de prohibir reuniones con candidatos externos y su movilización para defender a Pardow reflejan una apuesta por la disciplina y la cohesión como respuesta a un escenario electoral complejo. Sin embargo, esta estrategia también desnuda las tensiones internas y los desafíos que enfrenta la izquierda chilena para articularse más allá de sus diferencias.
El episodio con Insulza y Ripamonti ilustra que la competencia política no sólo se da entre bloques opuestos, sino también dentro de las propias coaliciones, donde las fronteras entre colaboración y rivalidad son difusas y cambiantes.
Finalmente, la acusación constitucional a Pardow pone en evidencia la fragilidad del oficialismo y la dificultad de mantener un frente unido cuando las disputas políticas y los intereses personales se entrecruzan con las responsabilidades públicas. La capacidad del Frente Amplio y sus aliados para superar estas tensiones será determinante para su futuro político y para la estabilidad del actual ciclo gubernamental.
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Fuentes: La Tercera, BioBioChile, Cooperativa, análisis de contexto político 2025.