Presupuesto 2026: Crece el gasto, crece la controversia

El debate en torno al Presupuesto 2026 ha dejado de ser un simple trámite legislativo para transformarse en un verdadero campo de batalla político y técnico. El Ejecutivo presentó inicialmente un crecimiento del gasto público del 1,7% para el próximo año, pero una minuta interna de la bancada de Renovación Nacional (RN), dada a conocer a mediados de octubre, reveló que el aumento real sería del 3,3%, casi el doble de la cifra oficial.

Desde la oposición, este documento ha sido una bandera para denunciar lo que califican como un 'desorden fiscal creciente y cifras maquilladas'. Los diputados de RN cuestionan la eliminación de la tradicional "glosa republicana", un fondo de libre disposición que desde 1994 aseguraba recursos para la administración entrante, y que hoy desaparece bajo la gestión del oficialismo. "La medida refleja la hipocresía del Gobierno, que en 2022 exigió esos mismos recursos para Boric y hoy se los niega al próximo Gobierno", sostienen.

En el ámbito de la defensa, la oposición advierte que la actual crisis financiera del Ejército no es coyuntural, sino consecuencia directa de políticas de restricción presupuestaria impulsadas desde 2023, incluyendo el diferimiento de aportes al Fondo de Contingencia Estratégico. Por otro lado, el Ejecutivo defiende estas decisiones como parte de una reorientación de prioridades hacia áreas sociales y de desarrollo.

En salud, la minuta de RN señala una deuda acumulada de US$ 800 millones con proveedores, producto del uso de recursos de este año para cubrir obligaciones atrasadas. Mientras tanto, critican el aumento desproporcionado en partidas culturales, que crecen un 11%, destacando fondos destinados a fundaciones afines y programas como el Pase Cultural.

Ministerios clave como Vivienda enfrentan también déficits significativos, con un presupuesto insuficiente en el Serviu Metropolitano que supera los $312 mil millones. Además, la ejecución de planes contra el crimen organizado y la violencia callejera se encuentra alarmantemente baja, con niveles de gasto que no superan el 32% y 25%, respectivamente.

El oficialismo, por su parte, sostiene que el presupuesto busca equilibrar necesidades sociales urgentes con la responsabilidad fiscal, y que las críticas responden a diferencias en la interpretación de cifras y prioridades. También defienden la inclusión como gasto permanente de las asignaciones a expresidentes, argumentando que cuentan con justificaciones legales y constitucionales.

Este enfrentamiento pone en evidencia no sólo una disputa política, sino también una tensión estructural sobre el modelo de financiamiento estatal y la transparencia en el manejo de recursos públicos.

Al observar la evolución del debate desde septiembre, cuando se presentó el proyecto, hasta la filtración de la minuta en octubre, se constata un escenario donde la política fiscal se convierte en un espejo de las divisiones ideológicas y estratégicas del país.

En definitiva, la verdad que emerge es que el gasto público crecerá más de lo anunciado, con partidas y prioridades que generan rechazo y cuestionamientos desde distintos sectores. Las consecuencias visibles ya se sienten en la administración estatal y en la opinión pública: una mayor incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal y un desafío para la gobernabilidad en un contexto donde la confianza y la claridad son escasas.

Este episodio confirma que el Presupuesto 2026 no es sólo un conjunto de cifras, sino un campo de batalla donde se juegan las definiciones sobre el futuro económico y social de Chile.