Ecuador convoca referéndum para Asamblea Constituyente sin aval judicial: un pulso institucional que redefine la democracia
Un desafío frontal al equilibrio institucional se ha desplegado en Ecuador desde que el presidente Daniel Noboa decidió, el pasado 19 de septiembre, convocar un referéndum para instalar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, sin contar con el aval previo de la Corte Constitucional, requisito establecido en la Carta Magna.El decreto ejecutivo emitido por Noboa el 19 de septiembre de 2025 ha encendido una disputa que trasciende lo jurídico para instalar una batalla política y social con múltiples aristas.
El pulso institucional: entre la legalidad y la voluntad popular
El núcleo del conflicto radica en la interpretación de dos artículos constitucionales. Por un lado, la norma que exige que una consulta popular sea convocada solo tras un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Por otro, el artículo que faculta al presidente a solicitar una consulta para una Asamblea Constituyente sin requerir dictamen previo. Noboa ha optado por esta última lectura, argumentando que "la voluntad del constituyente de no establecer requisitos adicionales" es un mandato claro y vinculante."La obstrucción que ciertos organismos politizados intentan imponer al cambio que necesita el país no será motivo para detener la voluntad del pueblo ecuatoriano", declaró la Presidencia.
Sin embargo, la Corte Constitucional y sectores jurídicos han cuestionado la constitucionalidad de esta maniobra, advirtiendo riesgos para el orden institucional y la separación de poderes.
Voces enfrentadas: entre la esperanza y la desconfianza
El oficialismo, con Noboa a la cabeza, sostiene que la Constitución vigente, heredada del correísmo, está obsoleta y bloquea el progreso. Para sus partidarios, la Constituyente es la vía para renovar el pacto social, corregir fallas estructurales y devolver protagonismo a la ciudadanía.
Por el contrario, la oposición, incluyendo a la Corte Constitucional y organizaciones sociales, denuncia una estrategia autoritaria que busca concentrar poder y debilitar controles democráticos. La presidenta de la Corte afirmó que "saltarse los procedimientos legales mina la confianza en las instituciones y abre la puerta a la arbitrariedad".
En la sociedad civil, la respuesta es polarizada. Movimientos indígenas y colectivos ciudadanos expresan temor a que la nueva Constitución facilite la expansión minera y petrolera en territorios ancestrales, mientras que sectores urbanos y empresariales ven en la reforma una oportunidad para estabilidad y atracción de inversiones.
El contexto político y las consecuencias visibles
Este episodio no es un hecho aislado. Desde su llegada al poder en 2023, Noboa ha enfrentado una Asamblea Nacional fragmentada, con una oposición fuerte del correísmo. La suspensión temporal de leyes por parte de la Corte y la negativa a aprobar preguntas referendarias han profundizado la crisis política.
Tras la convocatoria, Noboa ha liderado marchas en Quito y Guayaquil contra los magistrados constitucionales, intensificando la confrontación. Además, el presidente ha planteado en paralelo un referéndum para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras, aprobado por la Corte, lo que añade un componente estratégico a su agenda.
¿Qué se juega Ecuador?
Este pulso institucional tiene consecuencias que van más allá del corto plazo. La convocatoria directa sin aval judicial pone en jaque la interpretación del Estado de derecho y la vigencia de los controles constitucionales. La eventual aprobación de la Asamblea Constituyente puede abrir una etapa inédita de transformación política, pero también riesgos de inestabilidad y fractura social.
La sociedad ecuatoriana observa con atención y preocupación cómo se despliega este drama democrático, donde cada actor juega su papel en un escenario de alta tensión. La historia reciente muestra que las Constituyentes pueden ser herramientas de cambio profundo o de concentración autoritaria.
Constataciones finales
- El presidente Noboa ha desafiado abiertamente a la Corte Constitucional, convocando un referéndum sin su dictamen.
- La oposición y expertos legales alertan sobre riesgos institucionales y posibles abusos.
- La sociedad ecuatoriana está dividida, con temores y esperanzas contrapuestas sobre el futuro constitucional.
En definitiva, Ecuador enfrenta una encrucijada donde la tensión entre legalidad y voluntad popular, entre estabilidad y cambio, marcará el rumbo democrático en los años venideros.
Fuentes: Cooperativa.cl, Reuters, declaraciones oficiales de la Presidencia de Ecuador y la Corte Constitucional.