La tragedia infantil en Chile: ¿qué revelan los datos y qué desafíos quedan por enfrentar?
Un descenso que no es consuelo. En los primeros seis meses de 2025, 22 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en Chile, según cifras oficiales de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Este número representa una baja significativa respecto a los 37 casos registrados en 2024, pero la tragedia detrás de cada pérdida sigue siendo irreparable y un llamado urgente a la acción.
El 40% de estos homicidios ocurrieron en domicilios particulares, un dato que pone en evidencia que el hogar, el espacio que debería ser seguro, es a menudo el escenario de violencia fatal para la niñez. Además, un creciente 33% de estos casos están relacionados con contextos de violencia intrafamiliar, un aumento preocupante frente al 20% del año anterior.
“Cada vida perdida es una tragedia irreparable que exige mantener el tema en la agenda pública,” señala María José Bowen, subdirectora legal y de incidencia en políticas públicas de Fundación Amparo y Justicia, organización que ha trabajado en la elaboración de diagnósticos y propuestas para enfrentar esta problemática.
La realidad que enfrentan los niños más pequeños es aún más alarmante: seis víctimas tenían menos de un año en 2024, y los menores de cinco años son especialmente vulnerables, según los informes. Esto revela fallas estructurales en la protección de los grupos poblacionales más indefensos.
La respuesta estatal, aunque ha avanzado en visibilizar estos casos mediante reportes específicos, aún muestra importantes brechas. El Grupo Intersectorial para la Prevención e Investigación de Homicidios de Niños, Niñas y Adolescentes, conformado por 11 instituciones, ha identificado desafíos críticos como la ausencia de protocolos comunes, barreras en el intercambio de información y una formación insuficiente en materia de violencia infantil.
“La mirada adultocéntrica que predomina invisibiliza la gravedad de estos crímenes y dificulta una respuesta adecuada,” advierten desde la Fundación Amparo y Justicia, que insiste en la necesidad de un compromiso estatal sostenido que trascienda ciclos políticos.
Desde distintas perspectivas políticas y sociales, el consenso es que la niñez debe ser una prioridad nacional. Sin embargo, las tensiones entre enfoques punitivos y preventivos, la falta de recursos y la complejidad de la violencia intrafamiliar dificultan la implementación de soluciones integrales.
Las cifras actuales, aunque muestran una leve mejoría, no permiten bajar la guardia. La combinación de hogares inseguros, insuficiente coordinación institucional y la invisibilización social de la violencia contra niños y adolescentes configuran un escenario que exige urgentemente políticas públicas claras, protocolos unificados y formación especializada.
En definitiva, la tragedia infantil en Chile no es solo un problema de números, sino de estructuras que fallan en proteger a quienes más lo necesitan. La sociedad y el Estado están ante un desafío que no admite dilaciones: avanzar hacia un país donde ningún niño, niña o adolescente vea arrebatada su vida en el lugar que debería ser su refugio.