
Un año después del llamado del Presidente Gabriel Boric a fortalecer el control interno en las Fuerzas Armadas, la sombra del narcotráfico sigue siendo un desafío que pone a prueba la integridad y la confianza en estas instituciones. En septiembre de 2025, tras la Parada Militar, Boric respaldó al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien calificó a los militares vinculados a ilícitos como "verdaderos traidores". Este respaldo público buscó encapsular el problema y enviar un mensaje de firmeza, pero la realidad que ha emergido desde entonces revela una complejidad mayor.
Desde el gobierno, la narrativa ha sido clara: "Las Fuerzas Armadas han sido fundamentales en el resguardo de las fronteras", afirmó Boric, destacando además la implementación de modificaciones constitucionales y la coordinación con el Estado Mayor Conjunto para controlar los focos de narcotráfico, especialmente en el norte del país. Sin embargo, voces críticas dentro y fuera del Parlamento advierten que estos esfuerzos, aunque necesarios, no son suficientes para erradicar prácticas arraigadas.
La diputada Mariana Rojas (oposición) señaló que "la corrupción y el narcotráfico en las FF.AA. no son solo casos aislados, sino síntomas de una institucionalidad que requiere una reforma profunda y transparente". En contraste, sectores oficialistas insisten en que el problema está siendo enfrentado con rigor y que la mayoría de los uniformados mantienen un compromiso ético irreprochable.
En las regiones fronterizas, donde el narcotráfico ha encontrado terreno fértil, la percepción ciudadana es ambivalente. Por un lado, la presencia militar ha reducido significativamente los delitos violentos relacionados con el tráfico ilícito de drogas. Por otro, comunidades indígenas y organizaciones sociales denuncian abusos y falta de diálogo, lo que ha generado tensiones y cuestionamientos sobre el rol de las FF.AA. en territorios sensibles.
El líder mapuche, Pedro Millanao, afirmó: "No podemos permitir que el combate al narcotráfico se convierta en excusa para vulnerar derechos y aumentar la militarización sin soluciones reales".
Los procesos judiciales contra militares involucrados en narcotráfico han sido emblemáticos y mediáticos, pero también controversiales. La rapidez de algunos juicios y la lentitud de otros han generado debate sobre la independencia y eficacia del sistema judicial en casos que involucran a las Fuerzas Armadas.
Expertos en derecho señalan que, aunque se ha avanzado en la persecución penal, la verdadera transformación requerirá mecanismos de control civil más robustos y una revisión profunda de las estructuras internas.
A más de un año desde que Boric prometió que los casos de narcotráfico en las FF.AA. serían "encapsulados", la realidad muestra que el problema no solo persiste, sino que ha destapado grietas institucionales que exigen atención urgente. La tensión entre la necesidad de seguridad y la demanda por transparencia y derechos humanos configura un escenario complejo donde ningún actor puede reclamar la verdad absoluta.
Lo que se concluye hasta ahora es que la integridad de las Fuerzas Armadas es un bien público frágil, que requiere vigilancia constante y pluralidad de miradas para evitar la repetición de errores. La historia de este enfrentamiento es, en definitiva, la historia de un país que busca protegerse sin perder su alma democrática.
2025-11-05
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