El Hilo de Ariadna: De la Casa de Allende a la Escucha de Crispi, la Trama que Expuso las Fisuras del Oficialismo

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Lo que comenzó como un proyecto emblemático para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado —la adquisición de la histórica casa de Salvador Allende en Guardia Vieja para convertirla en un museo— ha devenido, meses después, en un complejo laberinto judicial y político. La revelación de una escucha telefónica al exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, no solo frenó en seco la operación inmobiliaria, sino que tejió un hilo conductor entre el "Caso Convenios", la probidad en el gobierno y las frágiles lealtades que sostienen a la coalición oficialista. Hoy, con la investigación penal en curso y las esquirlas políticas aún esparcidas, el episodio ofrece una radiografía de las fisuras internas del poder y obliga a una reflexión sobre los estándares de la función pública.

Desarrollo Analítico: La Colisión de Dos Mundos

La trama se articula en dos carriles que corrieron en paralelo hasta colisionar estrepitosamente. Por un lado, la investigación del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en convenios entre el Estado y fundaciones, que llevó a la intervención telefónica, autorizada judicialmente, de Miguel Crispi (FA) por su rol previo como subsecretario. Por otro, la iniciativa del Ejecutivo para comprar el inmueble de la familia Allende, cuyos propietarios incluían a la entonces senadora Isabel Allende (PS) y la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández (PS).

El punto de inflexión ocurrió a fines de abril de 2025, cuando se filtró una conversación de Crispi con su madre. En ella, el asesor presidencial describía en tono coloquial una supuesta insistencia de la senadora Allende para concretar la venta: "llamó hasta al portero del Ministerio. Hueveando, hueveando, hueveando, que se haga, que se haga, que se haga así...".

Estas palabras, captadas en el marco de una investigación ajena, fueron suficientes para que la Fiscalía abriera de oficio una nueva arista por presunto tráfico de influencias. El hecho se sumaba al problema original que ya había dinamitado la operación: la inhabilidad constitucional que impedía a una senadora y a una ministra celebrar contratos con el Estado, un error administrativo que costó el cargo a ambas y dejó en evidencia una grave falta de control jurídico en el corazón del gobierno.

Perspectivas Contrastadas: Un Mosaico de Responsabilidades y Acusaciones

El escándalo desató un cruce de declaraciones que revela las distintas interpretaciones y lealtades en juego:

• La Defensa Familiar y Legal: Isabel Allende calificó los dichos de Crispi como "falsos y una falta de respeto", asegurando que la familia se limitó a "seguir las instrucciones del gobierno". Su sobrina, Maya Fernández, declaró ante la fiscalía que se mantuvo al margen de las gestiones, confiando en que "todo estaba en regla" al ver que el proceso avanzaba por los canales institucionales. El abogado de Crispi, por su parte, contextualizó la llamada como una conversación "informal y coloquial" que no buscaba imputar un delito.

• La Oposición y la Acusación de Corrupción: Desde Chile Vamos, la candidata presidencial Evelyn Matthei calificó el hecho de "gravísimo" e "inaceptable", exigiendo a la fiscalía llegar "hasta las últimas consecuencias". Para la oposición, el caso es un símbolo del "malgasto en corrupción y cosas innecesarias", un argumento potente en el clima de desconfianza ciudadana.

• El Oficialismo Dividido: La crisis expuso la tensión entre las dos almas del gobierno.

* Socialismo Democrático: Figuras como la candidata Carolina Tohá (PPD) tildaron el contenido de la llamada de "preocupante", aunque llamaron a la cautela. Tohá también introdujo un punto de disonancia al cuestionar la pertinencia de la escucha telefónica a Crispi, pidiendo a la Fiscalía aclarar su justificación. Parlamentarios socialistas, como Raúl Leiva, admitieron que el tema "merece ser investigado", aunque lamentaron las filtraciones.

* Frente Amplio: La reacción fue más defensiva. Gonzalo Winter, quien previamente había justificado a la asesora jurídica de La Moneda en el error original, se mostró evasivo sobre el contenido del "pinchazo", afirmando no tener "nada interesante que decir" sobre una conversación privada.

• La Voz de la Fiscalía: El fiscal a cargo, Patricio Cooper, respondió a las críticas defendiendo la legitimidad de la medida. "Me llama mucho la atención que se habla de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestionan", declaró, subrayando que las medidas intrusivas son herramientas legales controladas por jueces y esenciales para combatir la corrupción sin distinción.

Contexto Estructural: Probidad, Símbolos y Promesas

Este caso no es un hecho aislado. Se inscribe en el marco más amplio del "Caso Convenios", que ha golpeado la promesa de "un estándar moral superior" con la que el gobierno del Presidente Boric llegó al poder. La fallida compra de la casa Allende, cargada de un inmenso peso simbólico, se convirtió en un boomerang que, en lugar de honrar una memoria histórica, terminó por cuestionar la probidad de sus herederos políticos y la competencia de su propia administración.

El episodio obliga a trazar una línea, a menudo difusa, entre la gestión de intereses legítimos y el tráfico de influencias. ¿Dónde termina la insistencia política y dónde empieza la presión indebida? La investigación judicial deberá aclararlo.

Estado Actual: Un Debate Abierto

A varios meses del estallido mediático, la trama sigue abierta. La investigación penal por tráfico de influencias continúa su curso, y sus conclusiones serán determinantes no solo para los implicados, sino para sentar un precedente sobre los límites de la acción política.

Políticamente, las fisuras dentro del oficialismo persisten. El caso ha alimentado la desconfianza entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático, dos socios que gobiernan juntos pero que, ante la crisis, han mostrado instintos y lealtades divergentes. Finalmente, el debate sobre las facultades de la Fiscalía y el uso de medidas intrusivas ha quedado instalado, confrontando la necesidad de investigar la corrupción en las altas esferas del poder con el derecho a la privacidad, incluso de quienes ocupan los cargos más importantes del país. El hilo de Ariadna sigue desenredándose, y aún no está claro qué se encontrará al final del laberinto.