A finales de junio de 2025, lo que se proyectaba como un hito en la reforma a la salud chilena se convirtió en un silencio elocuente. La licitación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), el mecanismo estrella del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para ofrecer una alternativa a las Isapres, fue declarada desierta. Ninguna compañía de seguros presentó una oferta. Lejos de ser un simple contratiempo burocrático, este hecho marcó un punto de inflexión, exponiendo las grietas de una solución concebida en medio de la crisis del sistema privado y las tensiones ideológicas sobre el futuro de la salud en Chile.
La MCC nació como parte de la "Ley Corta de Isapres", una respuesta legislativa a la crisis financiera del sector privado. La promesa era ambiciosa: permitir a los 16 millones de afiliados a Fonasa contratar voluntariamente un seguro complementario, licitado y regulado por el Estado, que les daría acceso a la red de clínicas privadas con una cobertura similar a la de una Isapre, pero a un costo predefinido. Era, en teoría, el puente que conectaría lo mejor de dos mundos. Sin embargo, el puente nunca llegó a construirse.
Dos meses después del evento, el análisis sosegado revela que la ausencia de ofertas no fue una sorpresa para los expertos del sector. Las razones son un compendio de riesgos técnicos y financieros que las aseguradoras no estuvieron dispuestas a asumir:
La reacción de los actores involucrados desató una guerra de narrativas. El director de Fonasa, Camilo Cid, llamó a "desdramatizar" la situación, enmarcándola como una etapa normal en licitaciones complejas y asegurando que se realizarían ajustes para un segundo llamado en un plazo de tres meses. Desde la vereda del gobierno, la postura es de corrección técnica: ajustar los aranceles y dialogar más con los actores para hacer el producto más "atractivo".
Sin embargo, para la industria de seguros, el silencio fue su respuesta más contundente: un voto de no confianza en el diseño fundamental del producto. No era un asunto de ajustar un par de cifras, sino de la inviabilidad estructural de un modelo que transfería todo el riesgo al sector privado sin las condiciones para gestionarlo.
Analistas y editoriales, como la del Diario Financiero, fueron más allá, calificando la MCC como un "castillo de naipes" y una "fórmula advertidamente inviable". La crítica apunta a una obstinación ideológica por parte del Ejecutivo, enfocado en crear un sistema de seguro único y estatal que ignoró las advertencias técnicas. Esto reabrió una pregunta fundamental que había sido marginada en el debate: ¿por qué crear un mecanismo nuevo y enrevesado en vez de fortalecer y mejorar la cobertura de la Modalidad de Libre Elección (MLE), un sistema ya existente y conocido por los usuarios de Fonasa?
La licitación fallida no ocurrió en el vacío. Se enmarca en una crisis sistémica de la salud chilena, donde la fragilidad financiera de las Isapres coexiste con problemas endémicos en el sector público. Semanas antes, informes de la Compin revelaban un fraude masivo con licencias médicas, un forado de miles de millones de pesos que drena los recursos de todo el sistema. El fracaso de la MCC no es solo el fracaso de una política, sino un síntoma más de un sistema que opera bajo una tensión financiera y estructural extrema.
Hoy, el futuro de la MCC es incierto. Fonasa tiene una segunda oportunidad, pero la pregunta clave es si optará por ajustes cosméticos o por un replanteamiento de fondo. La licitación fallida fue un diagnóstico claro: la promesa de un seguro universal y accesible no se logra con diseños voluntaristas que ignoran la lógica técnica y financiera. Chile se encuentra en una encrucijada: insistir en un camino que ya mostró sus límites o aprovechar esta crisis como una oportunidad para un diálogo honesto y pragmático sobre cómo construir un sistema de salud que ofrezca certezas, en lugar de espejismos.