Trump y la censura en Estados Unidos: un pulso que redefine la libertad de expresión
Un pulso que desborda las fronteras del debate político en EE.UU.
El 19 de septiembre de 2025, el entonces presidente Donald Trump lanzó una amenaza directa contra los medios de comunicación que lo critican, señalando que podrían perder sus permisos de emisión. Esta declaración no fue un episodio aislado, sino el clímax de meses de confrontación abierta entre la Casa Blanca y la prensa, en un contexto de creciente hostilidad hacia la disidencia.
El detonante inmediato fue la cancelación del programa nocturno de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre el asesinato del activista ultraderechista Charlie Kirk. Trump vinculó esta decisión a una supuesta censura de voces conservadoras y acusó a los canales de ser herramientas del Partido Demócrata.
Tres visiones, un choque irreconciliable
Desde la derecha política, esta postura se presenta como un combate contra un sesgo mediático que, según sus defensores, ha marginado y silenciado a la derecha conservadora durante años. “Los medios no tienen permitido atacarme de esta manera, están abusando de su licencia”, afirmó Trump, haciendo un llamado a revisar las concesiones otorgadas a los canales.
En el otro extremo, figuras de la industria cultural y política, así como gobernadores como Gavin Newsom, denunciaron estas amenazas como un atentado contra la libertad de expresión y la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. “Es una estrategia deliberada de censura que pone en peligro los derechos fundamentales”, alertaron.
En el plano social, la polarización se profundizó. La persecución de individuos y empresas —como aerolíneas que despidieron empleados por comentarios relacionados con el asesinato de Kirk— reflejó un ambiente de intolerancia creciente. El Departamento de Estado también anunció medidas restrictivas contra extranjeros que celebraran la muerte del activista, ampliando el alcance del conflicto.
Antifa, un blanco legal y político
Paralelamente, la administración Trump designó al movimiento antifascista Antifa como organización terrorista, pese a su naturaleza descentralizada y sin liderazgo formal. Expertos legales advirtieron que esta medida abre la puerta a la criminalización de manifestaciones y opositores políticos bajo el paraguas de la seguridad nacional.
“La inclusión de un movimiento interno en la lista de terroristas es jurídicamente cuestionable y peligrosa para las libertades civiles”, señalaron analistas constitucionales.
Además, la retórica oficial vinculó al Partido Demócrata con extremismos, exacerbando la división política.
Consecuencias y certezas a seis semanas del episodio
A más de un mes y medio de estas tensiones, el escenario estadounidense muestra claros signos de erosión en los consensos democráticos básicos. La amenaza presidencial a los medios no se tradujo en una revocación masiva de licencias, pero sí dejó un clima de autocensura y temor en ciertos sectores.
La designación de Antifa como grupo terrorista no ha prosperado en tribunales, pero ha servido para justificar acciones policiales y restricciones a la protesta social.
En definitiva, este episodio revela un país en que la libertad de expresión y el derecho a la protesta se encuentran en disputa, en un contexto donde la política se ha convertido en un campo de batalla sin mediaciones.
El pulso entre el poder y la prensa, así como entre el Estado y los movimientos sociales, no sólo refleja la polarización actual sino que también plantea preguntas sobre el futuro del sistema democrático estadounidense y sus valores fundantes.
Esta historia, lejos de cerrarse, invita a reflexionar sobre los límites del poder, la responsabilidad de los medios y la fragilidad de las libertades en tiempos de crisis.
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Fuentes: Cooperativa.cl, análisis de expertos constitucionales y derechos humanos, declaraciones oficiales de la Casa Blanca y actores políticos relevantes.