Exclusión de Jadue y Rincón en la justicia electoral: ¿protección institucional o revanchismo político?
Un fallo que sacudió la política nacional
El 20 de septiembre de 2025, la justicia electoral chilena decidió excluir las candidaturas de Daniel Jadue y Ximena Rincón para las próximas elecciones. Esta resolución, que a primera vista podría parecer una simple cuestión técnica, desató un debate intenso que, a estas alturas, ha dejado ver las profundas fracturas en la interpretación del sistema democrático chileno.
Dos visiones enfrentadas del fallo
Por un lado, académicos como Cristóbal Aguilera Medina y Tomás Valenzuela Zañartu, expertos en Derecho de la Universidad Finis Terrae, defienden la decisión judicial. En su análisis, enfatizan que la exclusión se basa en fundamentos sólidos y contribuye a la seguridad jurídica del proceso electoral. "Cumplir las reglas no es un obstáculo para la democracia, sino la condición que la hace posible", sostienen, rechazando la idea de que se trate de un mecanismo revanchista o arbitrario.
En contraste, sectores políticos y sociales vinculados a las candidaturas afectadas interpretan la medida como un uso instrumentalizado de la justicia para limitar opciones electorales y moldear el escenario político a favor de ciertos intereses. Desde esta perspectiva, la exclusión no solo afecta a los candidatos sino que también erosiona la confianza ciudadana en el sistema democrático, al percibirse como una maniobra que va más allá de la aplicación estricta de la ley.
Impacto regional y social
En regiones donde Jadue y Rincón tenían fuerte arraigo, la decisión judicial ha generado descontento y movilizaciones que evidencian un sentimiento de injusticia y exclusión política. Líderes comunitarios y organizaciones sociales han expresado que esta exclusión limita la pluralidad y la representatividad, elementos clave para la cohesión social.
Por su parte, sectores más conservadores y autoridades electorales reiteran que la transparencia y el respeto a las normas son imprescindibles para garantizar elecciones limpias y legítimas, incluso si esto implica decisiones controvertidas.
¿Dónde queda la democracia?
Este episodio pone en el centro una tensión clásica pero renovada: la que existe entre la legalidad formal —el cumplimiento estricto de las normas— y la legitimidad democrática, que se nutre de la percepción ciudadana de justicia y representatividad.
La exclusión de candidaturas emblemáticas ha dejado en evidencia que el sistema electoral chileno enfrenta un desafío mayor: cómo equilibrar el respeto a las reglas con la necesidad de mantener un espacio político plural y abierto.
Verdades y consecuencias
Tras semanas de análisis y debate, se puede concluir que:
- La justicia electoral actuó dentro del marco legal vigente, estableciendo criterios claros que probablemente marcarán precedentes para futuros procesos.
- Sin embargo, la percepción de parcialidad o instrumentalización política no puede ser ignorada, pues afecta la confianza en las instituciones.
- La democracia chilena, en este capítulo, se encuentra en un punto de inflexión donde la transparencia institucional debe ir acompañada de una comunicación efectiva y un diálogo abierto con la ciudadanía.
- La exclusión de candidaturas, más allá de la legalidad, revela la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos que aseguren la participación política y la legitimidad social.
Este episodio, lejos de cerrarse con un fallo, abre un escenario donde la tensión entre reglas y representación seguirá siendo un debate central para Chile en los años venideros.