Francia enfrenta una crisis política y social por recortes presupuestarios: el choque entre austeridad y movilización ciudadana

Un país dividido y en tensión. El 18 de septiembre de 2025, más de un millón de personas se volcaron a las calles de Francia en una manifestación masiva convocada por la Confederación General de Sindicatos (CGT) y otras intersindicales, en rechazo a los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno. La protesta, la más grande desde la reforma previsional de 2023, reunió a trabajadores del sector público, profesores, personal de salud y farmacéuticos, quienes se declararon en huelga para presionar al nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu.

El origen del conflicto. Desde que Emmanuel Macron asumió en 2017, su gobierno ha sido percibido como proempresarial, con políticas que privilegiaron desgravaciones fiscales y ayudas a las empresas, mientras que se congelaron o recortaron gastos sociales. El predecesor de Lecornu, François Bayrou, perdió un voto de confianza en el Parlamento por un plan de austeridad que recortaba 44.000 millones de euros. La llegada de Lecornu, un hombre de 39 años con pasado en la derecha tradicional, prometió una “ruptura profunda” pero mantiene el legado económico de Macron.

Un primer ministro en la cuerda floja. Lecornu enfrenta un Parlamento fragmentado tras las elecciones anticipadas de 2024, sin mayoría absoluta y con una oposición dividida entre izquierda, extrema derecha y centro. Su primer desafío es presentar un presupuesto que no sea rechazado y evitar una moción de censura que podría destituirlo. En reuniones con partidos opositores, los socialistas exigieron el fin de los recortes y mayores aportes de los más ricos, mientras que Marine Le Pen, líder de la extrema derecha, advirtió que Lecornu caerá si mantiene las políticas actuales.

Perspectivas enfrentadas. Desde el sindicalismo, Perrine Mohr, del CFDT, señaló que la indignación ciudadana es profunda y que el gobierno debe volverse más protrabajador y prociudadano. En contraste, sectores empresariales y algunos partidos centristas defienden la austeridad como necesaria para reducir el déficit, que supera el límite del 3% permitido por la Unión Europea, y para evitar una mayor degradación de la calificación crediticia, como la rebaja reciente de Fitch.

Impacto social y económico. Las protestas afectaron el transporte público y la actividad económica, con bloqueos en estaciones y escuelas, y una movilización policial sin precedentes de hasta 80.000 agentes. Más allá de la coyuntura, la crisis revela un malestar acumulado por años de políticas que, según críticos, han aumentado la desigualdad y precarizado los servicios públicos esenciales.

Conclusiones y desafíos a futuro. Este enfrentamiento expone la tensión entre la urgencia de estabilizar las finanzas públicas y la demanda ciudadana por justicia social y protección del Estado de bienestar. La capacidad de Lecornu para negociar un acuerdo parlamentario y responder a las demandas sociales será determinante para la estabilidad política de Francia en los próximos meses. La polarización política y la fragmentación del Parlamento auguran un camino difícil, donde las protestas podrían continuar o incluso intensificarse si no se perciben cambios reales.Como afirmó Olivier Fauré, líder socialista, “veremos qué dice en los próximos días”, dejando abierta la puerta a nuevas tensiones o acuerdos. La historia reciente muestra que la austeridad sin consenso puede provocar más que ahorro: descontento social y crisis políticas profundas.