
El pulso entre Donald Trump y los medios de comunicación estadounidenses ha escalado a un nivel inédito, con el expresidente amenazando abiertamente con retirar licencias a canales que mantengan una cobertura crítica hacia su figura.
El 18 de septiembre de 2025, Trump sugirió que cadenas como ABC, CBS y NBC podrían enfrentar sanciones regulatorias si continúan con una cobertura mayoritariamente negativa en su contra. Esta declaración se produjo en medio de la suspensión indefinida del programa "Jimmy Kimmel Live!" por comentarios controvertidos sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk.
Desde la perspectiva de Trump y sus aliados republicanos, existe una 'campaña sistemática de los medios para socavar su legitimidad política'. Según el exmandatario, la cobertura adversa —que él cuantificó en un 97% en su contra durante las elecciones— es un abuso que justifica una intervención regulatoria. 'Tienen licencia. No se les permite hacer eso. Son una rama del Partido Demócrata', afirmó.
Por otro lado, críticos de Trump y defensores de la libertad de prensa advierten que esta amenaza representa un intento directo de coartar la independencia de los medios y una peligrosa concentración de poder político sobre la información pública. El presidente de la FCC, Brendan Carr, a quien Trump elogió como un 'patriota y tipo duro', ha sido señalado como posible actor para aplicar estas sanciones, aunque hasta la fecha no ha habido medidas concretas.
La suspensión del programa nocturno de Jimmy Kimmel, impulsada por Nexstar Media Group y respaldada por Disney, se convirtió en el detonante inmediato de la crisis. Kimmel había realizado comentarios que fueron calificados como ofensivos por sectores conservadores, lo que desató una ola de críticas y presiones políticas. La retirada del programa de varias estaciones de ABC se anunció minutos después de que Nexstar comunicara su decisión.
Desde la óptica de los medios y figuras progresistas, esta acción es parte de una estrategia más amplia para intimidar voces disidentes y moldear el discurso público. Kimmel, por ejemplo, denunció que los republicanos están explotando la muerte de Kirk para fines políticos y para silenciar críticas.
Regionalmente, el impacto de esta disputa trasciende a EE.UU., pues pone en tensión la percepción global sobre la salud democrática y la libertad de expresión en la principal potencia mundial. En Latinoamérica, analistas observan con preocupación cómo estas dinámicas pueden inspirar modelos autoritarios que restringen la prensa.
Socialmente, la polarización se profundiza: seguidores de Trump celebran la defensa contra lo que consideran una prensa parcializada, mientras que opositores temen un retroceso hacia censura y control estatal de los medios.
En los meses previos, Trump había intensificado su confrontación con medios como The New York Times, al presentar demandas millonarias por supuesta difamación, y con cadenas como ABC, que acordaron pagar 15 millones de dólares para cerrar litigios.
Concluyendo, este episodio confirma que la batalla por la narrativa pública en EE.UU. es más que una disputa política: es un choque frontal entre el poder ejecutivo y la prensa independiente, con consecuencias profundas para la democracia y la libertad de expresión. El riesgo de que la regulación de licencias se use como herramienta política abre un debate urgente sobre los límites del poder y la protección de los derechos ciudadanos.
La historia sigue abierta, pero las verdades que emergen son claras: la libertad de prensa está en tensión, y la sociedad enfrenta la encrucijada entre controlar discursos y preservar el pluralismo informativo. En este coliseo, los espectadores somos todos, y el desenlace definirá el futuro del diálogo público en la era post-Trump.