La polarización política en Chile tras las elecciones de 2025: ¿unidad o división irreconciliable?

Una campaña electoral que expuso heridas profundas. Desde septiembre de 2025, la contienda electoral en Chile ha evidenciado una polarización política que no solo divide a partidos y candidatos, sino que también refleja una sociedad fracturada por años de desencuentros. La candidata Evelyn Matthei, representante de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, lanzó una franja electoral que se convirtió en un espejo de esta tensión, criticando duramente tanto al gobierno actual como a los extremos políticos que han marcado los procesos constitucionales recientes.

"Los chilenos sentimos que nuestro país perdió el rumbo. Sentimos mucho miedo. Miedo de salir a la calle, miedo porque el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes. Y lo más grave, perdimos la esperanza", afirmó Matthei en su mensaje, que resonó con una parte importante del electorado preocupado por la inseguridad y la economía.

Dos procesos constitucionales, dos fracasos para los extremos. La candidata no escatimó críticas hacia los procesos constitucionales que han marcado la última década: "Ingresaron al poder pretendiendo aprovechar el caos para empujar una constitución que nos dividía", señaló refiriéndose al primer proceso, y añadió que el segundo, dominado por el Partido Republicano, "fracasó rotundamente" por su falta de diálogo y escucha.

Este diagnóstico no es unánime. Desde sectores progresistas se argumenta que los procesos constitucionales fueron intentos necesarios para una transformación profunda, aunque imperfecta, y que la responsabilidad del fracaso radica en la resistencia de sectores conservadores y la falta de acuerdos amplios.

Seguridad y economía: el epicentro del debate. La campaña de Matthei puso especial énfasis en la inseguridad, denunciando la presencia de "crimen organizado, secuestros, sicarios, funerales narcos" que, según ella, crecieron en un clima de división política y social. En paralelo, llamó a la unidad para "volver a recuperar la senda del crecimiento económico", proponiendo que Chile debe funcionar como "un solo gran equipo".

Por su parte, representantes del gobierno y la izquierda argumentan que la inseguridad tiene raíces estructurales complejas que no se resuelven con discursos simplistas ni con llamados a la unidad que invisibilizan las demandas sociales legítimas y las desigualdades históricas.

Voces desde las regiones y la sociedad civil. En regiones como el norte y el sur, donde la violencia y el desempleo han golpeado con fuerza, las opiniones son diversas. Algunos sectores valoran el llamado a la unidad como una necesidad urgente para la convivencia, mientras que otros advierten que sin abordar las causas profundas de la desigualdad y la exclusión, la paz social será frágil.

Organizaciones sociales y expertos en seguridad pública coinciden en que el desafío es complejo: requiere reformas integrales, diálogo transversal y políticas públicas que combinen prevención, justicia efectiva y desarrollo económico sostenible.

Conclusión: una nación en busca de su camino. La campaña electoral de 2025 ha puesto en escena un Chile dividido, con heridas abiertas por procesos constitucionales fallidos y una crisis de seguridad y economía que afecta a todos. La polarización política no solo refleja diferencias ideológicas, sino también una profunda desconfianza entre los ciudadanos y sus representantes.

Sin embargo, el llamado a la unidad como fórmula para superar la crisis enfrenta el desafío de ser más que un eslogan: requiere voluntad real de diálogo y reconocimiento de la diversidad de experiencias y demandas. La historia reciente demuestra que los extremos, en su intransigencia, han llevado al país a callejones sin salida.

Por ahora, Chile observa desde las gradas de este coliseo político, donde los actores se enfrentan en un duelo que definirá no solo el próximo gobierno, sino el rumbo de una sociedad que busca reconciliarse consigo misma y con su futuro.

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Fuentes: La Tercera (18/09/2025), análisis de expertos en seguridad pública y organizaciones sociales regionales.