Acusación constitucional a Diego Pardow: conflicto de interés y una votación en pausa
El escenario político y jurídico que rodea al exministro de Energía Diego Pardow se ha tensado en las últimas semanas, tras la revelación de un posible conflicto de interés que pone en jaque la transparencia de su gestión y complica la votación de la acusación constitucional en su contra.
El 14 de noviembre de 2025, el diputado Jaime Mulet (FRVS), presidente de la comisión revisora del libelo, denunció que la pareja civil de Pardow, Catalina Iñiguez Morales, es socia del estudio jurídico Ferrada Nehme, firma que ha representado a Transelec, la empresa involucrada en las inconsistencias de cobro que motivaron la acusación. Esta omisión en la declaración de intereses del exministro, donde se consignó el vínculo civil pero se reservó la actividad profesional de su pareja, fue calificada por Mulet como una "falta de transparencia" que podría configurar un conflicto de interés.
La polémica no sólo se centra en la relación directa entre Pardow y el estudio que defendió a Transelec ante el Tribunal de Libre Competencia, sino también en el momento y forma en que esta información fue entregada – o no – a la opinión pública y a los órganos fiscalizadores.
Ante esta revelación, la comisión revisora decidió suspender la votación del informe acusatorio, prevista inicialmente para el viernes 14, y posponerla para el sábado, a la espera de que la defensa del exministro, liderada por el abogado Francisco Cox, pudiera presentar sus descargos y nuevos antecedentes.
Desde la defensa, Cox ha rechazado la acusación de falta de transparencia, argumentando que el eventual conflicto de interés no forma parte del libelo constitucional y que Pardow no habría incumplido con sus obligaciones formales. Además, enfatizó que la responsabilidad política ya se habría ejercido con la salida del exministro del Ejecutivo, y que el libelo carece de hechos concretos y causales claras según la Constitución.
La comisión revisora también enfrentó dificultades para avanzar en la investigación, con la ausencia de testigos clave como los gerentes de Enel, Colbún, Transelec y AES Gener, así como el exdirector de la Comisión Nacional de Energía, Marco Antonio Mancilla. Estas ausencias aumentan la incertidumbre sobre los plazos y el desenlace de la acusación.
En el trasfondo político, la acusación ha generado un choque de perspectivas. Por un lado, diputados opositores presionan para que la votación se realice con celeridad, argumentando que la ciudadanía merece respuestas y que la defensa de los intereses públicos debe primar. Por otro, voces como la de Mulet insisten en priorizar el debido proceso y la exhaustividad, rechazando apurar decisiones en un contexto electoral sensible.
El Gobierno, a través del ministro del Interior Álvaro Elizalde y el biministro Álvaro García, ha desestimado el conflicto de interés denunciado, señalando que esta situación ya fue aclarada y que la acusación busca una responsabilidad política que consideran inconducente, dado que Pardow ya no ocupa cargo público.
Desde el mundo académico y jurídico, el caso ha abierto un debate más amplio sobre los límites y exigencias de la transparencia en la función pública, el manejo de conflictos de interés y la responsabilidad política en Chile. Algunos expertos advierten que la falta de claridad y la demora en las definiciones pueden erosionar la confianza ciudadana en las instituciones, mientras otros subrayan la importancia de respetar garantías procesales y evitar juicios mediáticos prematuros.
En suma, la acusación constitucional contra Diego Pardow ha dejado al descubierto no sólo un posible conflicto de interés no declarado, sino también las tensiones inherentes a un sistema político y judicial que busca equilibrar la transparencia, la justicia y la estabilidad en un contexto electoral complejo.
El desenlace de esta historia, aún en suspenso, será un termómetro para la madurez institucional y la capacidad del país para dirimir responsabilidades sin ceder a presiones inmediatas ni a la fragmentación informativa que suele caracterizar el ciclo noticioso tradicional.
Verdades y consecuencias:
- La relación entre Pardow y el estudio Ferrada Nehme es un hecho comprobado, y su no declaración completa abre legítimas dudas sobre la transparencia.
- La acusación constitucional sigue su curso, pero con la votación postergada y la defensa preparada para responder, lo que garantiza un proceso más detenido.
- La tensión política y mediática se mantiene, reflejando la polarización y la importancia simbólica del caso en la recta final hacia las elecciones presidenciales.
- Finalmente, el episodio pone en evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos claros para la declaración y gestión de conflictos de interés en la administración pública chilena, para evitar que la desconfianza se instale como norma.
Fuentes consultadas incluyen reportajes de BioBioChile, La Tercera, El Mostrador, Cooperativa y Cambio21, que han seguido con detalle la evolución del caso desde noviembre de 2025.