Ecuador decide su futuro constitucional: La Asamblea Constituyente de Noboa y sus ecos en la política y sociedad
El 10 de noviembre de 2025, Ecuador vivió una jornada decisiva que ha marcado un antes y un después en su historia política reciente. El presidente Daniel Noboa llevó a consulta popular y referendo una propuesta para convocar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. Esta iniciativa, que fue una de las promesas centrales de su campaña electoral y que había ido ganando terreno desde septiembre de 2025, se inscribe en un contexto de profunda crisis social y política.
El contexto: un país al borde del colapso institucional
Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, Noboa ha enfrentado una escalada inédita de violencia y desorden social, con 2025 registrado como el año más violento en la historia reciente del país. Los motines carcelarios, con decenas de muertos en menos de 24 horas, y la inseguridad en las calles han tensionado la legitimidad del Estado. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha impulsado reformas legislativas polémicas, como la ley de Inteligencia y la eliminación del subsidio al diésel, que detonaron protestas y bloqueos.
En este escenario, la Corte Constitucional (CC) se convirtió en un actor clave, al suspender diversas leyes y reformas impulsadas por Noboa, argumentando que vulneraban derechos fundamentales y el marco jurídico vigente. Esta confrontación institucional llevó al mandatario a denunciar a la CC de "activismo político" y a convocar marchas en su contra, generando críticas de organismos internacionales preocupados por la independencia judicial.
La Asamblea Constituyente: ¿una solución o un riesgo?
La propuesta de Noboa busca reemplazar la Constitución de 2008, heredada del gobierno de Rafael Correa, que según el presidente ha quedado obsoleta y es utilizada por grupos que, a su juicio, protegen al crimen organizado. El plan contempla conformar una Asamblea con 80 miembros que tendría hasta ocho meses para redactar una nueva carta magna.
"Los que escribirán la Constitución serán los patriotas que buscan un país mejor, uno en el que los delincuentes no vuelvan a ser prioridad", afirmó Noboa, en un discurso enfocado en la mano dura contra la inseguridad. Sin embargo, analistas como Wladimir Sierra advierten que esta reestructuración tiene un fuerte componente económico: "La nueva Constitución podría facilitar una orientación neoliberal que beneficie a grupos económicos vinculados al presidente."
Desde la oposición y movimientos sociales, la convocatoria genera recelo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el correísmo han llamado al rechazo en la consulta, denunciando que la Constituyente podría ser un instrumento para concentrar poder y limitar derechos.
Voces en pugna: entre el pragmatismo y la desconfianza
El respaldo popular a Noboa se mantiene en torno al 52-60%, según encuestas recientes, pero con una división marcada entre sectores urbanos ilustrados y comunidades indígenas. La analista Selene López señala que este apoyo está más basado en "deliveries simbólicos" —acciones rápidas y mediáticas— que en cambios estructurales.
En el plano internacional, la posible reinstalación de bases militares estadounidenses en territorio ecuatoriano, planteada en la consulta, ha generado preocupación ambiental y soberana, especialmente por el impacto en las Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad. Expertos en seguridad, como Luis Córdoba, minimizan la necesidad de bases militares, calificando la insistencia como un juego propagandístico.
Constataciones finales
El proceso constituyente que Ecuador ha emprendido bajo el liderazgo de Daniel Noboa no solo es un intento de responder a la crisis de seguridad y gobernabilidad, sino también un choque frontal con el sistema político y judicial vigente. La tensión entre Ejecutivo, Corte Constitucional y actores sociales refleja la fragilidad institucional del país.
Las consecuencias de esta Asamblea Constituyente serán determinantes para la configuración política, económica y social de Ecuador en la próxima década. La narrativa de "mano dura" y reformas neoliberales se enfrenta a un país fragmentado, con sectores que demandan mayor participación y protección de derechos.
Este escenario invita a una reflexión profunda sobre los límites del poder, la democracia y el papel de la ciudadanía en la construcción de un nuevo contrato social, en medio de un contexto de violencia y desconfianza que no se resolverá solo con cambios constitucionales.
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Fuentes consultadas: La Tercera, El Universo, GK, CNN, Primicias, La Tercera, análisis de expertos Wladimir Sierra, Selene López y Luis Córdoba.