Extensión del Sistema de Finanzas Abiertas: ¿Retraso o prudencia necesaria?

El pasado 14 de noviembre, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció la extensión de la entrada en vigencia de la Norma de Carácter General N° 514, que regula el Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), en algunos casos hasta el año 2029. Esta decisión ha generado un intenso debate que, a casi 48 horas de ocurrido el anuncio, ya muestra un mosaico de interpretaciones y preocupaciones en distintos sectores.

El SFA, promulgado en la Ley Fintech de enero de 2023, busca permitir que las personas accedan a servicios financieros más competitivos, personalizados y transparentes mediante el uso seguro de sus datos. Sin embargo, la CMF ha decidido postergar la implementación plena, argumentando la necesidad de ajustes regulatorios y la adecuación del sistema para asegurar su estabilidad y seguridad.

Por un lado, expertos en regulación financiera y representantes del mundo privado han manifestado su inquietud. Cristián Reyes Cid, socio de Aninat Abogados, expresó que esta extensión es "preocupante" y que la experiencia internacional demuestra que otros países han implementado marcos similares en plazos mucho más breves, entre dos y tres años. Señalan que esta demora puede retrasar los beneficios que el SFA promete para el consumidor, además de afectar la predictibilidad regulatoria y la libre competencia.

Desde una mirada más crítica, algunos académicos y organizaciones de la sociedad civil advierten sobre los riesgos que implica asimilar el mecanismo alternativo previsto en la ley como una figura de contingencia, calificándola de "de discutible sustento legal" y una fuente de distorsión normativa que podría generar incertidumbre en el mercado.

En contraste, fuentes oficiales de la CMF han defendido la medida, argumentando que la extensión busca reforzar la seguridad del sistema y evitar vulnerabilidades que podrían afectar la confianza de los usuarios y la estabilidad financiera. Este enfoque prioriza la cautela en un contexto donde la protección de datos y la ciberseguridad son temas sensibles y de alta relevancia.

El retraso en la implementación del SFA se da en un momento en que la inclusión financiera sigue siendo un desafío en Chile, con un segmento importante de la población que no accede a productos financieros competitivos o adecuados a sus necesidades. Por lo tanto, el impacto social de esta decisión es un elemento clave en el debate, pues mientras algunos sectores temen que la demora perpetúe desigualdades, otros valoran la necesidad de un despliegue sólido y seguro.

Finalmente, esta historia no se reduce a un simple retraso técnico o burocrático. Es un escenario donde convergen intereses regulatorios, económicos y sociales, con un trasfondo de incertidumbre que invita a la reflexión sobre cómo Chile aborda la innovación financiera y la protección de sus ciudadanos.

Queda claro que la decisión de la CMF no es unánime ni definitiva en términos de sus consecuencias. Lo que sí se puede concluir es que el camino hacia la modernización financiera en Chile es complejo y requiere equilibrar la velocidad con la seguridad, la inclusión con la regulación, y la innovación con la confianza pública. La verdadera prueba será cómo se implementen las medidas en los próximos años y qué tan efectivas sean para cumplir con las promesas del Sistema de Finanzas Abiertas.