Ketamina en Chile: La red que cruzó fronteras y desafió la seguridad nacional
En un entramado que ha sacudido las estructuras de seguridad en el norte de Chile, cinco ciudadanos peruanos, dos de ellos policías, fueron formalizados y puestos en prisión preventiva en septiembre por intentar ingresar 11 kilos de ketamina a través del Complejo Fronterizo de Chacalluta. Esta operación, bautizada "Ruta Oculta", reveló la existencia de una red criminal transnacional que no solo desafía a las autoridades policiales, sino que también pone en jaque la cooperación entre ambos países vecinos.
Pero la historia no termina ahí. En octubre, la Corte de Apelaciones de Iquique confirmó la prisión preventiva de la ex cabo primero de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), María Fernanda Rebolledo Díaz, acusada de participar en el envío ilícito de cuatro kilos de ketamina desde la Base Aérea Los Cóndores hacia Santiago. Su experiencia de más de 15 años y su rol como jefa de cabina le habrían conferido un conocimiento profundo de los protocolos de seguridad que, según el tribunal, fueron deliberadamente eludidos.
Estas dos aristas de un mismo fenómeno —el narcotráfico de ketamina— dibujan un panorama complejo y multidimensional. Por un lado, la infiltración de agentes estatales en las redes criminales, y por otro, la vulnerabilidad de los puntos fronterizos terrestres, tradicionalmente más vigilados pero que siguen siendo una puerta para el ingreso de drogas.
Desde la perspectiva política, la derecha ha enfatizado la necesidad de reforzar la cooperación internacional y endurecer las penas para funcionarios públicos que traicionan la confianza ciudadana. En contraste, sectores de izquierda y organizaciones sociales advierten que la militarización de las fronteras y el aumento de la represión no resolverán las causas estructurales que alimentan el narcotráfico, como la desigualdad y la falta de oportunidades.
En la Región de Arica y Parinacota, la comunidad local observa con preocupación cómo estos casos afectan la imagen y la seguridad, mientras que expertos en seguridad pública llaman a una revisión profunda de los protocolos y sistemas de control, tanto en las fuerzas armadas como en las policías.
"Este caso expone una falla sistémica que no es sólo de un individuo, sino de las redes que permiten que la droga cruce nuestras fronteras y se infiltre en nuestras instituciones", señala un analista en seguridad consultado por este medio.
La Fiscalía Regional ha mantenido una línea rigurosa en la investigación, con un trabajo conjunto entre la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos y la Brigada Antinarcóticos de la PDI. Sin embargo, la complejidad del caso y la multiplicidad de actores involucrados sugieren que aún quedan capítulos por revelarse.
En definitiva, estos hechos ponen en evidencia que la lucha contra el narcotráfico en Chile no es un problema aislado ni reciente, sino un desafío estructural que atraviesa las fronteras, las instituciones y las políticas públicas. La prisión preventiva de los imputados, la exposición de la complicidad interna y la respuesta judicial son pasos necesarios, pero insuficientes para cerrar un ciclo que exige una mirada integral y sostenida en el tiempo.
La verdad que emerge es clara: la seguridad nacional está en juego no sólo por las drogas en sí, sino por la corrosión de la confianza pública en las instituciones encargadas de protegerla. El desafío para Chile será, entonces, no sólo castigar a los responsables, sino reconstruir los sistemas que permitieron esta tragedia institucional y social.