Tarifas eléctricas en Chile: el costo de un error que marcó a la política y la economía: Un mal cálculo que persiste más allá de la corrección

Un error que costó caro

Desde al menos 2017, un fallo en la metodología para calcular las tarifas eléctricas en Chile generó un sobrecobro acumulado estimado en más de US$115 millones a los consumidores. La duplicidad en la aplicación del efecto inflacionario, a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una tasa de interés nominal que ya lo incluía, provocó que las cuentas de la luz se encarecieran artificialmente. “Nadie se dio cuenta: ni los organismos técnicos, ni los ministerios, ni los expertos ni las empresas”, admitió el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marcos Mancilla.

Este error no es solo una falla técnica: ha devenido en un fenómeno macroeconómico con consecuencias profundas. La tarifa eléctrica, al formar parte del IPC, impacta directamente en la Unidad de Fomento (UF), el referente clave que regula arriendos, créditos hipotecarios, pensiones y contratos públicos y privados. Así, un fallo en la tarifa se traduce en un “impuesto inflacionario encubierto”, que afecta especialmente a los sectores más vulnerables, quienes no tienen mecanismos para escapar de este aumento artificial del costo de vida.

El choque político: entre la urgencia y la burocracia

La revelación del error detonó una crisis política que terminó con la renuncia del ministro de Energía Diego Pardow y una acusación constitucional en su contra. En paralelo, la Cámara de Diputados vio propuestas urgentes para corregir la situación, como el proyecto de ley exprés presentado por Jaime Araya (PPD), que buscaba adelantar la rebaja tarifaria para noviembre de 2025, en lugar de esperar hasta enero de 2026, como establecía el calendario oficial.

“Todo el mundo sabe que esto es un cobro ilegal y abusivo, y por lo tanto, tiene que parar inmediatamente”, afirmó Araya, mientras que la oposición, representada por Marco Antonio Sulantay (UDI), exigió la creación de una comisión investigadora para transparentar responsabilidades y acelerar la devolución a los usuarios.

Por su parte, el nuevo ministro Álvaro García explicó que la demora se debía a la necesidad de tramitar el informe técnico final, recibir observaciones de las empresas, y la ratificación por parte de Contraloría, un proceso que puede tomar meses. No obstante, el Gobierno manifestó disposición a explorar vías para acelerar la devolución, aunque reconoció la complejidad institucional.

Responsabilidades y versiones enfrentadas

Las empresas distribuidoras y generadoras se desligaron de la responsabilidad, argumentando que cumplen con las instrucciones técnicas definidas por la CNE y el Ministerio de Energía. Sin embargo, el propio ministro García admitió que las compañías pudieron haber detectado el error antes, pero descartó que existiera mala intención.

Expertos y actores del sector entregaron diferentes interpretaciones sobre cómo se mantuvo el error por tanto tiempo. Una versión apunta a un mal diseño normativo desde 2017, que estableció un mecanismo de devolución con intereses que incluían el IPC dos veces, mientras que otros lo atribuyen a un simple error de planilla.

“El error técnico se transformó en un aumento estructural del costo de vida, sin que haya habido mayor producción ni crecimiento real que lo justifique”, resumió el abogado Ricardo Rincón, al analizar la dimensión social y económica del problema.

Consecuencias visibles y lecciones pendientes

El primer semestre de 2026 verá una reducción promedio del 2,02% en las tarifas eléctricas residenciales a nivel nacional, con rebajas de hasta 8% en regiones como Atacama, Coquimbo y Valparaíso, según informó la CNE. Esta corrección busca devolver a los usuarios los montos cobrados en exceso, pero la sombra del error ha dejado una marca profunda en la confianza ciudadana y en la percepción sobre la gestión pública.

Más allá de la cifra, el episodio ha puesto en evidencia la fragilidad de los mecanismos regulatorios y la necesidad de fortalecer la supervisión técnica y política. La propuesta de desindexar temporalmente las tarifas eléctricas del IPC y la creación de mesas técnicas nacionales con expertos y representantes institucionales son pasos que se discuten para evitar que un error similar vuelva a distorsionar la economía y la vida cotidiana.

Un llamado al liderazgo y a la justicia económica

Este caso ofrece una oportunidad para que Chile reflexione sobre la relación entre regulación, inflación y justicia social. La estabilidad económica, entendida como un reflejo fiel de la realidad productiva y no como resultado de errores técnicos, es también un acto de justicia.

“La estabilidad económica también es un acto de justicia. No hay justicia cuando la luz sube para siempre por un error que nadie quiso cometer”, concluye Rincón, invitando a que la crisis sea un punto de inflexión para un Estado más transparente, eficiente y justo.

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Fuentes consultadas: Comisión Nacional de Energía (CNE), Ministerio de Energía, declaraciones de diputados Jaime Araya (PPD) y Marco Antonio Sulantay (UDI), análisis del abogado Ricardo Rincón González, reportajes de Cooperativa.cl, La Tercera, Cambio21 y CIPER Chile.