El crimen organizado y la inmigración irregular: un desafío que Chile aún no resuelve

Una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado

El 17 de septiembre de 2025, el Presidente Gabriel Boric promulgó la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial destinada a enfrentar el crimen organizado y delitos complejos con alcance transnacional. La iniciativa, que en tres años espera contar con cerca de 100 funcionarios especializados, representa un esfuerzo institucional sin precedentes para modernizar la persecución penal en Chile. Ángel Valencia, fiscal nacional, destacó que esta Fiscalía "apunta al centro del funcionamiento de la persecución penal" y busca una "respuesta institucional coordinada y fuerte".

Sin embargo, a casi dos meses de su promulgación, el impacto de esta nueva estructura aún es incipiente frente a la realidad que revela un aumento sostenido de delitos violentos vinculados a organizaciones criminales, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad social.

La inmigración irregular y el crimen: un vínculo complejo y medido

Un estudio académico publicado el 12 de noviembre de 2025 por expertos de la Universidad de los Andes y la Universidad del Desarrollo reveló que la inmigración irregular tiene un efecto causal en el aumento de homicidios, extorsión y narcotráfico en ciertas comunas. Este vínculo se intensifica en territorios con alta vulnerabilidad escolar y escasos servicios públicos, condiciones que las organizaciones delictuales aprovechan para expandirse.

Patricio Valenzuela, economista y coautor del estudio, advierte que "la migración regular no presenta asociación significativa con el aumento del crimen, lo que desmiente discursos simplistas que criminalizan a todos los migrantes". La conclusión es clara: la irregularidad migratoria, combinada con fragilidades estructurales, crea un caldo de cultivo para el crimen organizado.

Perspectivas enfrentadas en el debate público

El escenario político chileno se ha polarizado. Por un lado, sectores conservadores y algunos grupos ciudadanos reclaman medidas más duras, vinculando directamente la inmigración irregular con la inseguridad pública. Por otro, voces progresistas alertan sobre el riesgo de estigmatizar a migrantes y demandan políticas integrales de inclusión y regularización responsable.

En regiones como la zona norte, donde la llegada irregular es más intensa, las autoridades locales denuncian falta de recursos y coordinación para enfrentar el fenómeno. Mientras tanto, organizaciones sociales y ONGs enfatizan la necesidad de fortalecer la educación y los servicios públicos como barreras contra la expansión delictual.

Verdades y consecuencias a la vista

La realidad que emerge del análisis riguroso es que el fenómeno del crimen organizado en Chile no puede abordarse con respuestas simplistas ni discursos polarizados. La creación de la Fiscalía Supraterritorial es un avance institucional necesario, pero no suficiente para contener una problemática que nace en la intersección de la migración irregular, la vulnerabilidad social y las brechas institucionales.

Chile enfrenta un desafío doble: contener la expansión delictual con herramientas especializadas y, simultáneamente, diseñar políticas públicas que integren a los migrantes en situación irregular, mejoren la calidad educativa y fortalezcan el tejido social en las comunas más afectadas.

Como señala Sebastián Acevedo, criminólogo y coautor del estudio, "sin un enfoque integral que combine justicia penal, inclusión social y políticas migratorias responsables, la lucha contra el crimen organizado seguirá siendo un juego de gato y ratón".

La tragedia de esta historia es que mientras las instituciones se adaptan lentamente, las víctimas del crimen organizado y la inseguridad —comunidades enteras y familias— sufren en carne propia las consecuencias de esta compleja realidad. En este coliseo, los actores principales se enfrentan en un duelo donde el tiempo y la profundidad de las respuestas marcarán la diferencia entre el avance y la perpetuación del problema.