Zapallar y el toque de queda para menores: entre la protección y la controversia legal

Zapallar volvió a poner en el centro del debate público una medida que, aunque no es nueva, sigue generando tensiones entre la seguridad ciudadana y los límites del marco legal. El 16 de septiembre de 2025, durante las Fiestas Patrias, la Municipalidad reactivó el toque de queda nocturno para menores de edad, prohibiendo su circulación en la vía pública desde la medianoche hasta las 5 de la mañana sin la compañía de un adulto responsable.

Esta ordenanza, impulsada por el alcalde Gustavo Alessandri, responde a un contexto particular: la comuna costera ve cómo su población se multiplica hasta por cinco durante los fines de semana largos, especialmente en eventos masivos como la Fiesta Costumbrista de Catapilco y en sus balnearios. La medida busca, en palabras del edil, proteger a niños y adolescentes de riesgos asociados a la alta concurrencia y la vida nocturna, trasladando la responsabilidad directa a padres y tutores.

Sin embargo, la historia de esta normativa está marcada por la controversia. En enero de 2023, la Contraloría General de la República objetó la ordenanza, señalando que excedía las atribuciones municipales al restringir la libertad de desplazamiento, una materia reservada exclusivamente a la ley. Este dictamen no solo cuestionó la legalidad de la medida, sino que también recordó un antecedente similar en Quilpué en 2019, donde una ordenanza de toque de queda juvenil fue rechazada por la Contraloría Regional de Valparaíso.

"No procede que se regule por una ordenanza (...) restricciones o limitaciones a la libertad individual de los adultos y menores," fue la advertencia explícita de la Contraloría, que ha puesto en jaque la continuidad y aplicación de esta medida en Zapallar.

Desde la perspectiva municipal, la respuesta ha sido clara: la ordenanza no busca coartar libertades, sino reforzar la seguridad y la responsabilidad parental en un contexto de alta vulnerabilidad y riesgo, especialmente durante eventos masivos y temporadas turísticas. El alcalde Alessandri ha defendido la combinación de tecnología —como drones y lectores de patentes— y patrullajes reforzados para garantizar un entorno seguro.

Pero las voces contrarias no se han hecho esperar. Organizaciones de derechos humanos y algunos sectores sociales critican la medida por su potencial efecto estigmatizador y restrictivo, alertando que podría criminalizar a la juventud y vulnerar derechos fundamentales sin un respaldo legal claro. Además, expertos en derecho municipal insisten en que la solución debe venir desde una reforma legislativa y no desde ordenanzas locales que pueden ser impugnadas.

"La seguridad es indispensable, pero no puede ser un pretexto para vulnerar derechos sin el debido marco legal," señala un académico de derecho constitucional consultado para este análisis.

En síntesis, el episodio del toque de queda para menores en Zapallar es un reflejo de tensiones profundas en la gobernanza local chilena: la urgencia de proteger a la población vulnerable en contextos complejos versus el respeto irrestricto a los límites legales y derechos ciudadanos. La medida, lejos de ser un punto final, abre un escenario donde se cruzan demandas sociales, debates jurídicos y desafíos en la gestión pública.

Verdades y consecuencias:

- La ordenanza existe y se aplica en momentos puntuales, especialmente en temporadas de alta afluencia turística.

- Su legalidad está cuestionada y pendiente de posibles recursos o reformas que clarifiquen competencias municipales.

- El debate expone una disonancia entre la necesidad de seguridad y el respeto a derechos individuales, sin una solución sencilla a la vista.

Este caso, que podría parecer un simple ajuste local, invita a reflexionar sobre cómo Chile enfrenta la seguridad pública, la protección de menores y la delimitación de poderes en un sistema democrático que busca equilibrar múltiples intereses y derechos en conflicto.