
El proyecto Dominga, que desde hace años polariza a Chile, se mantiene atrapado en un laberinto judicial sin resolución definitiva. El pasado 16 de septiembre de 2025, la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos presentados por el Gobierno contra una resolución del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, pero sin pronunciarse sobre la viabilidad del megaproyecto. Esto significa que el conflicto legal no solo persiste, sino que se renueva, obligando al Comité de Ministros a votar nuevamente y dejando abierta la puerta a futuras impugnaciones.
El proyecto Dominga, liderado por Andes Iron, propiedad del empresario Carlos Alberto “Choclo” Délano, contempla una inversión estimada en US$ 2.500 millones, con la promesa de generar 100 mil empleos durante su construcción y 1.500 puestos permanentes en operación. Sin embargo, el megaproyecto ha estado marcado por una profunda controversia ambiental y social, dado que se ubica en una zona rica en biodiversidad, además de ser hogar de comunidades pesqueras y mariscadoras que temen por el impacto ecológico y sus medios de vida.
Desde la perspectiva empresarial y de ciertos sectores económicos, “la resolución es un fallo histórico que reafirma la institucionalidad ambiental del país”, en palabras de representantes de Andes Iron. Para ellos, Dominga no solo representa una oportunidad de desarrollo económico para la región de Coquimbo, una de las más vulnerables del país, sino también una señal de confianza para futuras inversiones.
En cambio, organizaciones ambientalistas y comunidades locales sostienen que la Corte Suprema “no ha cerrado el debate, sino que ha validado un proceso que ignora la última palabra de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) y mantiene la puerta abierta a la destrucción de ecosistemas frágiles”. Marcos Emilfork, abogado de la Fundación para la Integridad Ambiental (FIMA), enfatiza que “la Corte Suprema recuerda que solo se pronunciará cuando estén agotadas todas las vías legales, lo que aún no ocurre”. Esta lectura pone en evidencia la profunda desconfianza hacia el sistema judicial y ambiental vigente.
El fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por ministros y abogadas con distintas trayectorias, no resuelve el fondo del asunto, sino que insta al Comité de Ministros a votar nuevamente sobre el proyecto. Así, se perpetúa un “loop judicial” que ha caracterizado la historia de Dominga desde sus inicios: cada decisión administrativa o judicial es seguida por nuevos recursos, apelaciones y revisiones.
Este fenómeno tiene un impacto tangible en la región: genera incertidumbre en las comunidades, paraliza inversiones y mantiene en tensión el equilibrio entre desarrollo económico y conservación ambiental. Además, expone las limitaciones del sistema institucional chileno para resolver conflictos complejos que involucran intereses contrapuestos y la protección de bienes comunes.
Tras meses de análisis y múltiples instancias, se puede concluir que Dominga es más que un proyecto minero; es un espejo de las tensiones sociales, ambientales y políticas que atraviesan Chile. La Corte Suprema, lejos de zanjar la disputa, ha confirmado que la judicialización es el escenario predominante para dirimir estas controversias, con todas sus consecuencias: desgaste institucional, polarización social y postergación de decisiones definitivas.
Queda claro que:
- El conflicto no tiene una resolución cercana ni sencilla.
- Las comunidades afectadas y los actores ambientales siguen movilizados y vigilantes.
- El Estado enfrenta un desafío para equilibrar desarrollo y sustentabilidad, sin que el sistema judicial se convierta en un obstáculo interminable.
En este escenario, la historia de Dominga invita a una reflexión profunda sobre la gobernanza ambiental en Chile, la participación ciudadana y la necesidad de mecanismos que permitan resolver conflictos de alta complejidad sin caer en ciclos judiciales infinitos. Mientras tanto, la región de Coquimbo observa expectante, consciente de que el futuro de su territorio y su gente sigue en juego.