Corte Suprema reactiva investigación contra Harold Mayne-Nicholls por cobro de boleta en Juegos Panamericanos: un candidato bajo la lupa judicial
El escenario político chileno se ha visto sacudido por una decisión judicial que reabre una controversia que parecía cerrada. El 5 de noviembre de 2025, la Corte Suprema acogió un recurso de queja presentado por la empresa brasileña Fast Engenharia e Montagens y su filial chilena, anulando el sobreseimiento definitivo que beneficiaba a Harold Mayne-Nicholls en un caso que data de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.
Esta decisión implica que la investigación por el cobro de una boleta de garantía por US$ 2,7 millones, emitida y cobrada en circunstancias que las empresas califican como irregulares, deberá continuar bajo la supervisión del Ministerio Público.
Un candidato presidencial en el centro del debate
Mayne-Nicholls, quien se desempeñó como director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, fue acusado de desacato por haber cobrado la boleta de garantía a pesar de una prohibición judicial vigente. Según el recurso presentado por Fast Engenharia, el cobro se realizó el 28 de mayo de 2024, luego de que la justicia arbitral dictara una medida prejudicial precautoria que prohibía tal acción.
“No obstante la prohibición vigente, el querellado Harold Mayne-Nicholls procedió a cobrar la boleta de garantía con fecha 28 de mayo de 2024”, señala el escrito del abogado Alejandro Laura, representante de la empresa demandante.
Esta situación ha puesto a Mayne-Nicholls en una posición incómoda, ya que la reapertura de la investigación ocurre en un contexto político tenso y en plena carrera presidencial. Sus defensores argumentan que el exfuncionario actuó conforme a la ley y que el fallo anterior que lo sobreseyó era justo, mientras que sus críticos señalan que la decisión de la Suprema abre dudas sobre su transparencia y ética.
Perspectivas encontradas: política, empresarial y ciudadana
Desde la visión política, sectores de oposición han aprovechado la decisión para cuestionar la probidad del candidato, señalando que el caso refleja una falta de responsabilidad en la gestión pública de eventos emblemáticos. Por otra parte, aliados de Mayne-Nicholls llaman a la prudencia y recuerdan que la investigación aún debe esclarecer todos los hechos antes de emitir juicios definitivos.
En el plano empresarial, Fast Engenharia y su filial chilena insisten en que la boleta fue cobrada indebidamente, afectando su patrimonio y confianza en las instituciones chilenas. Expertos en derecho administrativo y contratos públicos consultados por diversos medios coinciden en que el caso revela grietas en la supervisión y manejo de garantías en grandes eventos financiados con fondos públicos.
Desde la sociedad civil, la noticia ha generado una mezcla de escepticismo y cansancio. Ciudadanos consultados expresan que este tipo de disputas judiciales prolongadas erosionan la confianza en la clase política y en la gestión de recursos públicos, especialmente en eventos de alta visibilidad y costo.
Constataciones y consecuencias
La Corte Suprema ha dejado claro que la investigación debe continuar y que no se puede cerrar la causa sin un esclarecimiento completo. Esto implica un nuevo capítulo judicial que podría extenderse meses, afectando la campaña presidencial de Mayne-Nicholls y la percepción pública sobre la transparencia en la organización de los Juegos Panamericanos.
Este caso también pone en evidencia la complejidad de los mecanismos de garantía y fiscalización en proyectos públicos-privados, y la necesidad de fortalecer los controles para evitar que disputas similares se repitan en el futuro.
Finalmente, la resolución obliga a los actores políticos y sociales a reflexionar sobre la importancia de la ética y la rendición de cuentas en la gestión pública, especialmente cuando están en juego grandes inversiones y la confianza ciudadana.
Fuentes: Diario Financiero (5 de noviembre de 2025), análisis de expertos en derecho administrativo y declaraciones públicas de las partes involucradas.