La Corte Suprema ratifica proyectos Las Salinas y Dominga: un pulso entre desarrollo y resistencia ambiental

Un veredicto que cierra capítulos y abre debates. El 23 de octubre y el 16 de septiembre de 2025, la Corte Suprema chilena emitió fallos que despejan el camino para dos de los proyectos más polémicos en la última década: el inmobiliario Las Salinas en Viña del Mar y el minero Dominga en la Región de Coquimbo. Ambos casos, que acumulan más de 20 y 12 años respectivamente de disputas legales, políticas y sociales, han puesto en jaque la relación entre desarrollo económico y protección ambiental en Chile.

### Las Salinas: una inversión millonaria en la mira

El fallo del máximo tribunal ratificó la validez técnica y jurídica del proyecto Las Salinas, desarrollado por Inmobiliaria Las Salinas, filial de Empresas Copec, con una inversión que proyecta US$ 1.300 millones hasta 2040. Desde sus inicios, la iniciativa enfrentó la férrea oposición de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y de diversos grupos ciudadanos preocupados por el impacto ambiental y urbano.

“Esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, reafirma la consistencia técnica y jurídica del proyecto y la validez de los procesos realizados durante todo este tiempo”, señaló la empresa en un comunicado oficial. Por su parte, Ripamonti y sus adherentes han denunciado que el proyecto representa un riesgo para la calidad de vida y el patrimonio natural de la ciudad, criticando la permisología y la burocracia que, según ellos, favorecen a grandes intereses económicos en detrimento del bien común.

El debate trasciende lo local: la decisión abre una ruta para la remediación de más de mil sitios urbanos contaminados en Chile, un antecedente que podría ser replicado en otras ciudades, pero que también genera inquietud sobre los estándares ambientales y la participación ciudadana en decisiones de esta magnitud.

### Dominga: la minería en el ojo del huracán

En paralelo, la Corte Suprema rechazó los recursos presentados contra el proyecto minero Dominga, de Andes Iron, ratificando la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que habilita su desarrollo. Este caso, envuelto en controversias legales y políticas, ha expuesto las tensiones entre el gobierno, el sistema judicial y las comunidades afectadas.

En 2024, el Primer Tribunal Ambiental había declarado ilegal una resolución previa del Comité de Ministros, señalando irregularidades como la falta de imparcialidad y la omisión de observaciones sobre biodiversidad. Sin embargo, la Corte Suprema cerró esos recursos, reafirmando la vigencia de la RCA.

“Se declaran inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos contra la resolución dictada por el Primer Tribunal Ambiental”, indicó el fallo. Desde la oposición y sectores ambientalistas, esta resolución fue vista como un nuevo golpe a la protección de ecosistemas frágiles, mientras que desde el mundo empresarial y parte del gobierno se valoró como un paso necesario para la inversión y el empleo.

### Voces encontradas en un Chile en transformación

El choque entre desarrollo y conservación no es nuevo, pero estos fallos judiciales lo ponen en primer plano, mostrando la complejidad de equilibrar intereses contrapuestos en un país con profundas desigualdades y urgencias sociales.

Desde una perspectiva política, sectores progresistas y ambientalistas critican la decisión por entender que se privilegia la inversión sobre la protección ambiental y la participación ciudadana. En contraste, actores empresariales y ciertos sectores gubernamentales defienden la necesidad de dar certezas jurídicas para atraer inversiones que impulsen el crecimiento y el empleo.

Regionalmente, Viña del Mar y Coquimbo se enfrentan a desafíos distintos pero convergentes: la presión urbana y turística en la costa y la minería y biodiversidad en el norte chico. Las comunidades locales, a menudo divididas, exigen mayor transparencia y mecanismos reales de consulta y mitigación.

### Conclusiones y miradas a futuro

Estos fallos de la Corte Suprema no solo resuelven litigios específicos, sino que configuran un precedente en la forma en que Chile aborda proyectos de gran escala en contextos sensibles. La validación judicial de Las Salinas y Dominga subraya la importancia de contar con procesos técnicos y legales robustos, pero también evidencia la persistencia de conflictos sociales y ambientales que no se resuelven solo con sentencias.

Queda en evidencia que la tensión entre progreso y sustentabilidad seguirá siendo un escenario de disputa en el país. La experiencia acumulada invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la gobernanza ambiental, mejorar la participación ciudadana y buscar modelos de desarrollo que integren de manera más armónica los intereses económicos, sociales y ecológicos.

En definitiva, el drama de Las Salinas y Dominga es un espejo donde se refleja el Chile contemporáneo: un país en busca de su futuro, enfrentado a sus contradicciones y desafíos más profundos.