Corte Suprema despeja camino a Dominga: un proyecto minero entre promesas y resistencias

El 16 de septiembre de 2025, la Corte Suprema dictaminó que el recurso de casación presentado contra el proyecto minero Dominga era "inadmisible en forma y fondo", despejando así un obstáculo legal crucial para la iniciativa liderada por Andes Iron, ligada a la familia Délano. Este fallo pone fin a una batalla judicial que se extendió por casi dos décadas, desde el descubrimiento del yacimiento en 2006, y abre paso a la concreción de un megaproyecto que promete transformar la región de Coquimbo.

Un proyecto con promesas y controversias

Dominga se presenta con una inversión estimada en US$ 2.500 millones, que según sus promotores generaría 100 mil empleos en la etapa de construcción y 1.500 puestos de trabajo en operación. Además, la empresa ha subrayado su compromiso ambiental, anunciando que la mina operará con agua desalada y que potabilizará agua para la comuna de La Higuera, una zona marcada por elevados índices de pobreza y escasez hídrica.

"Este proyecto puede ser un motor de desarrollo para la región, con beneficios económicos y sociales que no pueden ser ignorados", afirmó un representante de Andes Iron en una reciente entrevista.

Voces enfrentadas: desarrollo versus conservación

Sin embargo, la resolución judicial no ha silenciado las voces críticas. Organizaciones ambientalistas y comunidades locales han manifestado su preocupación por los riesgos ecológicos y los impactos sobre la biodiversidad marina y terrestre.

"Dominga representa una amenaza irreversible para un ecosistema frágil y para la pesca artesanal, que es el sustento de muchas familias", señaló la vocera de una agrupación ambiental de la zona.

Desde el ámbito político, las posturas se han polarizado. Algunos sectores de derecha y centroizquierda defienden el proyecto como un paso necesario para reactivar la economía y generar empleo, especialmente en regiones que han quedado rezagadas. En contraste, partidos y movimientos ambientalistas y de izquierda insisten en la necesidad de priorizar la protección ambiental y buscar alternativas de desarrollo sostenible.

El contexto judicial y social tras el fallo

La decisión de la Corte Suprema se da luego de que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta declarara ilegal la resolución del Consejo de Ministros que había rechazado el proyecto, restableciendo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable a Dominga. El Gobierno de turno apostó a fondo por la iniciativa, presentando el recurso de casación que ahora fue rechazado.

Este desenlace judicial no solo refleja la complejidad de compatibilizar intereses económicos, sociales y ambientales, sino que también pone en evidencia la tensión entre la institucionalidad ambiental y las dinámicas políticas y económicas del país.

Constataciones y consecuencias

La aprobación definitiva del proyecto Dominga abre una nueva etapa para la minería en Chile, con un foco puesto en la inversión privada y el desarrollo regional. Sin embargo, también deja en evidencia que la conflictividad social y ambiental no se resuelve con fallos judiciales, sino que requiere diálogo profundo y soluciones integrales.

Es claro que Dominga será un campo de batalla donde se enfrentarán no solo intereses económicos y ambientales, sino también visiones contrapuestas sobre el modelo de desarrollo que Chile desea para sus regiones.

En definitiva, el fallo de la Corte Suprema es un hito que marca el inicio de un desafío mayor: cómo equilibrar la urgencia de crecimiento económico con la protección del medio ambiente y el respeto por las comunidades locales. La historia de Dominga seguirá escribiéndose en este escenario complejo y en permanente tensión.