El espejismo del secreto bancario: ¿Por qué sigue estancada la lucha contra el crimen organizado en Chile?

En el Chile de 2025, la lucha contra el crimen organizado sigue enfrentando un obstáculo que, a primera vista, parece técnico, pero que en realidad revela una batalla política y social mucho más profunda: el levantamiento del secreto bancario. El 16 de septiembre, el Presidente Gabriel Boric urgió al Congreso a aprobar una reforma que permita a la Fiscalía acceder a información bancaria sin orden judicial en investigaciones penales. Más de dos meses después, esa iniciativa permanece estancada, evidenciando un espejismo donde el avance legislativo se diluye en un mar de desconfianzas y cálculos políticos.

Un conflicto de poderes y visiones

Desde el Ejecutivo, la narrativa ha sido clara: "Esto no es un gallito del gobierno con la oposición. Es ponerse en la línea de perseguir a los jefes de la delincuencia y en esto nos necesitamos todos unidos", afirmó Boric durante la promulgación de la ley que incorporó la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público. Para el mandatario, el acceso expedito a la ruta del dinero es clave para desmantelar las redes del narcotráfico y el crimen organizado, que han mostrado una preocupante expansión en los últimos años.

Sin embargo, desde sectores del Congreso, especialmente en la oposición y algunos parlamentarios independientes, persiste una profunda reserva. La principal preocupación gira en torno a la protección de derechos fundamentales y el riesgo de abusos en la vigilancia financiera sin control judicial previo. "El secreto bancario es una garantía para la privacidad y la seguridad de los ciudadanos, y su levantamiento indiscriminado puede abrir la puerta a arbitrariedades", argumentan sus detractores.

El impacto regional y social

En regiones como La Araucanía y el norte grande, donde la presencia del crimen organizado se ha vuelto parte del paisaje cotidiano, la frustración crece. Voces ciudadanas y organizaciones sociales denuncian que la lentitud en aprobar medidas como el levantamiento del secreto bancario contribuye a la impunidad y a la sensación de abandono estatal. "Mientras no se avance en herramientas efectivas, la violencia y el narcotráfico seguirán ganando terreno en nuestras comunidades", señala un dirigente vecinal de Temuco.

Por otro lado, expertos en derechos humanos y académicos llaman a un debate más profundo y riguroso. Coinciden en que la lucha contra el crimen no puede ser a costa de erosionar garantías fundamentales, pero también advierten que la inacción tiene consecuencias reales y tangibles para la seguridad y el tejido social.

Constataciones y consecuencias

Tras casi tres meses desde el llamado presidencial, el estancamiento legislativo no solo refleja una pugna política, sino un choque de prioridades y visiones sobre cómo enfrentar el crimen organizado en Chile. La falta de acuerdo ha dejado en evidencia que la seguridad pública no es solo una cuestión técnica, sino un campo de batalla donde se enfrentan derechos, poderes y expectativas ciudadanas.

En definitiva, la historia del secreto bancario en Chile es una tragedia en desarrollo: un país que busca desentrañar la maraña invisible del narcotráfico y la corrupción, pero que se ve atrapado en sus propias contradicciones institucionales. Como espectadores, queda claro que el desenlace dependerá menos de la voluntad política puntual y más de la capacidad de la sociedad chilena para construir consensos que equilibren eficacia y garantías, seguridad y derechos, urgencia y reflexión.